La aprobación a posteriori del operativo frustrado para arrestar y deportar a Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera que menor jerarquía operativa tenía dentro del Cártel de Sinaloa, dejó la sensación de un regreso al modelo de Calderón y Peña Nieto: descabezar a las organizaciones criminales, sin tocar sus estructuras de poder.
Este punto es el más importante que debiera darse en las comparecencias –si ocurren– de miembros del gabinete de seguridad ante comisiones o pleno de las cámaras. Primero, porque el presidente López Obrador fue muy insistente en fijar cuando menos tres nomuy precisos: no se daría esa continuidad, no perseguiría criminales y tercero porque las bases de la construcción de la paz no iban a atravesar el bosque encantado de la violencia.
La creación del Consejo de Construcción de la Paz fue la propuesta más audaz del nuevo gobierno, en tanto que implicaba negociaciones para desactivar la violencia y desmovilizar grupos criminales. La estrategia fue clara en señalar que “lo antes posible” se crearía ese Consejo, a la par de la reorganización de la estructura de seguridad y la definición de un programa operativo para incidir en las estructuras estatales y municipales de seguridad.
A lo largo de los once meses formales del primer año de gobierno se trabajó en todos los temas, pero nada se supo del Consejo de Construcción de la Paz. Es posible que por lo delicado del tema se haya estado trabajando en sigilo, pero la ofensiva contra uno de los hijos menores de El Chapo, la violencia de respuesta del Cártel de Sinaloa y la afirmación gubernamental de que continuarían los operativos han hecho creer que el Consejo de Construcción de la Paz pasó a último término o de plano ya no se trabajará en esa línea de conciliación con los grupos de narcos.
Los datos que comienzan a filtrarse de la política de seguridad insisten en una nueva listade jefes criminales que estarían en operativos en curso: los hijos de El Chapo, el albacea Ismael El Mayo Zambada, el gran jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, el líder de los huachicoleras de Guanajuato conocido como El Marro, los jefes de los grupos de violencia activa de Michoacán y los grupos en pugna por la droga en Guerrero.
De confirmarse esta fase tangencial de la estrategia como derivación del caso de el hijo de El Chapo en Culiacán, entonces al país se le vienen encima otros meses de violencia, incertidumbre y sobre todo agitación social porque todos esos jefes encabezan grupos ya instalados en zonas urbanas de las principales ciudades de la república. Y van a ocurrir sobresaltos en ciudades donde la criminalidad es baja por acuerdos entre bandas para repartirse la plaza o compromiso informales de autoridades para comprar seguridad acordando con un grupo para que construya anillos de seguridad que impidan que otro grupo llegue a una plaza y comience su expansión violenta.
De acuerdo con algunos expertos en seguridad, El Mayo Zambada, actualmente con 71 años, sería el operador del modelo de vender protección a algunas ciudades. A favor de El Mayo opera el hecho de que controla el aún poderoso Cártel de Sinaloa de El Chapo y lo trata de centrar sólo en el trasiego de droga hacia los EE. UU., sin dejar que los miembros de la banda se dediquen a otras actividades delictivas como la promoción del consumo de droga, el secuestro, la extorsión, el contrabando, la trata, entre otros.
En cambio, El Mencho es el líder más agresivo que ha impulsado la expansión violenta del Cártel Jalisco Nueva Generación en prácticamente toda la república, posee no solo recursos enormes procedentes de actividades criminales, sino es el que mas se ha preocupado por construir una infraestructura bélica para sus actividades y su resistencia al acoso gubernamental. Su osadía ha ido construyendo una leyenda, sabe usar los mecanismos de promoción de internet y suele difundir imágenes de su grupo armado en diferentes partes de la republica. La violencia en Michoacán forma parte de la expansión violenta del CJNG.
La crisis de violencia de Culiacán fue apenas una parte del escenario de nueva fase de guerra del crimen organizado. Los casos de Aguilillas contra policías estatales y de Iguala contra una partida del ejército forman parte del aumento en el uso de la violencia por grupos criminales y, como en Iguala, de una ofensiva contra las fuerzas de seguridad, no solo de defensa sino de ataque.
Por ello es importante que el gobierno federal precise si se va a regresar a la persecución de capos con los costos de violencia previsibles o si Culiacán fue un error que no se repetirá.
Ustedes perdonen. Primero los gasearon con gas pimienta, luego los regañó el presidente de la república por agresivos y ahora la Secretaría de Gobernación se disculpa con los alcaldes agredidos a las puertas de palacio por protestar contra la política de recortes presupuestales. ¿Entonces quién tuvo la razón?
Política para dummies: La política es una, las justificaciones son millones.
