Iniciamos un nuevo ciclo gubernamental, con la premisa discursiva de acabar con la corrupción, con un nuevo andamiaje jurídico en cuento a los órganos internos de control, la propuesta de nuevos integrantes al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, sin concluir con su integración ya que aún falta la elección del Fiscal Anticorrupción y los Magistrados de la Sala Administrativa.
Poco o nada se ha comentado sobre los sistemas locales y municipios, también participantes del sistema, pero sin escatimar, serán un reflejo de lo que a nivel federal se consolide.
A pesar de lo anterior, una realidad es que los servidores públicos a nivel federal no llegarán a los dos millones (de acuerdo con el Censo Nacional del Gobierno Federal elaborado por el INEGI, al cierre de 2016, se reportaron 1 millón 567 mil 381 personas laborando en las instituciones públicas federales) contra los cerca de 120 millones de mexicanos que habitamos el país; con lo expuesto, podemos señalar que estamos esperando combatir la corrupción con el “cambio” de menos del 2% de la población total de país.
La pregunta si ¿Esto es suficiente? viene aparejada de ¿Cómo participará el otro 98%? Por qué si el mal nos afecta a todos, es correcto afirmar que sólo el cambio del 2% es suficiente.
La corrupción, es un defecto ligado a la ambición desordenada, a la avaricia, a la codicia, al egoísmo, vicios inherentes al ser humano y como aquellos, sólo las virtudes pueden vencerle.
Combatir uno de los problemas que mayor interés ha generado en la sociedad por sus múltiples impactos negativos es una tarea que pocos han asumido de forma responsable. Su extensa problemática da inicio con pretender conceptualizarla, lo variado de sus elementos, sujetos, alcances, impactos o supuestos han hecho que hasta hoy, no se consiga consenso alrededor de una sola descripción sobre la corrupción; a pesar de ello, todos conocemos sus efectos, lo que implica que no es necesario un concepto estricto sino un compromiso serio para combatirla.
Un tema central en el combate a la corrupción es la credibilidad o confianza que las instituciones son capaces de dar a la ciudadanía, la que los servidores públicos generan con su actuar, la que los órganos de control son capaces de crear por sus resultados; para ello, se requiere de un esfuerzo institucional completo, financiero, económico y administrativo, pero también la creación de canales de participación ciudadana, efectivos, que permitan una colaboración en la toma de decisiones, una participación activa en las estrategias y acciones, verdaderos ejercicios de gobernanza y cocreación entre gobierno y ciudadanía.
Puede ser estratégico el cambio del 2%, pero sin la participación y colaboración del 98% parece ser una labor de alcance y de resultados poco esperanzadores.
(*) El autor es Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción en Oaxaca.
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