* Tras incansables mesas de diálogo instaladas por instrucciones del gobernador Alejandro Murat, finalmente, el secretario de Gobierno, Paco Piza, logró levantar los bloqueos en Huamelula y Juquila.
*Elementos de la Policía Municipal desalojaron a los vendedores ambulantes dirigidos por Carmen Luján que habían invadido las calles de Flores Magón, Las Casas y 20 de Noviembre, en el Centro Histórico.
En medio del infernal caos provocado por las presiones y chantajes de organizaciones políticas y sociales y agencias municipales en diversas regiones del estado, gracias a Dios no todo está perdido en Oaxaca.
Aun cuando los eternos enemigos de Oaxaca no cesan sus permanentes ataques, es necesario destacar las noticias buenas y positivas, y reconocer los aciertos de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Al margen de filias y fobias, es nuestra profunda convicción no regatear méritos a nadie. Y nobleza obliga a reconocer la positiva acción del Gobierno Municipal y del Estado contra los ambulantes y los bloqueos.
Los últimos acontecimientos, ciertamente, pusieron de cabeza especialmente a las regiones de la Costa, el Istmo y los Valles Centrales, sin embargo, dejaron una gran lección de gobernanza y gobernabilidad.
Elementos de la Policía Municipal desalojaron a los vendedores ambulantes dirigidos por Carmen Luján que habían invadido las calles de Flores Magón, Las Casas y 20 de Noviembre, en el Centro Histórico.
La orden del presidente municipal Oswaldo García Jarquín permite a los habitantes de la capital oaxaqueña, así como a los turistas nacionales y extranjeros, disfrutar del esplendor del Centro Histórico.
Tras incansables mesas de diálogo instaladas por instrucciones del gobernador Alejandro Murat, finalmente, el secretario de Gobierno, Paco Piza, logró levantar los bloqueos en Huamelula y Juquila.
Ambas acciones fueron aplaudidas por los oaxaqueños que habitan en la capital oaxaqueña y los comerciantes establecidos que participaron en las labores de limpieza al lado de los heroicos bomberos.
Lo mismo ocurrió con los conductores de vehículos en las carreteras de Salina Cruz a Huatulco y de Juquila a Río Grande, especialmente en el caso de los turistas nacionales y extranjeros, así como transportistas.
No obstante, los daños y perjuicios provocados por los bloqueos y la invasión de ambulantes, otra vez se demostró que es fácil y sencillo liberar el Centro Histórico de ambulantes y desbloquear carreteras.
Basta cumplir la obligación constitucional, ética y política, social e histórica, de respetar y hacer respetar la Ley. Así de simple. Claro, siempre y cuando se tenga la voluntad política y decisión de aplicar la Ley.
Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, federal, estatales y municipales, jamás debieran olvidar que en el Estado de Derecho su obligación primera y primaria es garantizar seguridad a los gobernados.
Aclaremos paradas y salgamos al paso de las críticas de mala fe para intentar descalificar nuestras opiniones. No se trata, de ninguna manera, de aplicar mano dura, sino de aplicar la Ley con mano firme.
No convocamos mucho menos, por supuesto, a reprimir violentamente las manifestaciones de protesta e inconformidades, porque las más de las veces estas son justas, legales, legítimas y válidas, y las apoyamos.
Graves los atentados a la libertad de tránsito durante los bloqueos, algunos prolongados como el de la agencia municipal de San Marcos Zacatepec en Santa Catarina Juquila, por recursos de las participaciones.
Caso semejante el del bloqueo de la agencia municipal de Santa María Huamelula contra el municipio de San Pedro Huamelula por la constante disputa de los recursos de las participaciones de los ramos 28 y 33.
Más grave es aún la masacre y viviendas quemadas en la guerra a muerte por las participaciones federales en las agencias municipales de Guerrero Grande y Mier y Terán, San Esteban Atatlahuca, Tlaxiaco.
Indispensable es privilegiar el diálogo y la negociación, indiscutiblemente, como lo es deslindar y fincar responsabilidades a los autores intelectuales y materiales de los probables diversos delitos cometidos.
La mano negra que mece la cuna de la violencia está plenamente identificada y es ampliamente conocida. En San Marcos Zacatepec, Olga Hernández Ramírez, representante del INPI, agita Santa Catarina Juquila.
La funcionaria federal es apoyada por su esposo Tirso Liberio Ventura Guzmán, supuesto representante de los padres de familia, aliada con el Síndico Procurador de Juquila, Cándido Domínguez Fidencio.
Olga Hernández utilizó al agente municipal de San Marcos Zacatepec, Toribio Ramírez Canseco, para bloquear desde el pasado 17 de octubre la carretera que comunica a Juquila con la agencia de Río Grande.
En el caso de Santa María Huamelula el lunes 18 de octubre 2021, el agente municipal Anatolio Trinidad Sosa, con 30 vecinos bloquearon la Carretera Costera Salina Cruz-Huatulco, a la altura de esa comunidad.
Los vecinos de Santa María Huamelula encabezado por Anatolio son simpatizantes del Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas (FUCO) que dirige Nino Morales Toledo, edil municipal de San Blas Atempa.
Y en el caso de la brutal violencia en Ndoyonoyuji, Guerrero Grande y Mier y Terán, agencias del municipio de San Esteban Atatlahuca, Tlaxiaco, el probable autor intelectual es el agitador Salvador Bazante Morales.
El dirigente del Frente de Resistencia Indígena, nombrado gobernador indígena, exige con grupos armados 187 millones de pesos, como lo hizo en la agencia de Tierra Blanca Copala, Juxtlahuaca, a la que abandonó.
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