En su etapa neoliberal salinista-zedillista, la bancada priísta en la Cámara de Diputados rechazó en 1996 la demanda de juicio político solicitada por el PRD cardenista-lopezobradorista contra el expresidente Carlos Salinas de Gortari y los funcionarios que operaron la privatización de teléfonos de México a favor del empresario salinista Carlos Slim Helú.
La solicitud se basó en cinco puntos importantes:
1.- La protección monopólica decidida en la venta de la empresa para el servicio telefónico local y limitada seis años en el de larga distancia nacional e internacional;
2.- El aumento y consideración de “autogestión tarifaria”;
3.- Los subsidios fiscales a Telmex; la impunidad para que Telmex pasará de 1990 a 1994 a hacer el mejor negocio del mundo sin mayor compromiso de los nuevos propietarios, al obtener subsidios fiscales por 1,783 millones de dólares y una utilidad anual promedio de 2,293 millones de dólares, que hicieron un promedio anual de utilidad desde 103% sobre los 3,935 millones de dólares que significaron el importe exhibido del capital social de Telmex a diciembre de 1990.
4.- La manipulación fraudulenta de cifras con una falsa proyección anual de utilidades de 1,000 millones de dólares y con una tasa de descuento de 14% al avalúo del capital social en 1990, que sumó 7,386 millones de dólares, con el apoyo del avalúo del Banco internacional y Goldman Sachs, cuando en realidad el avalúo no manipulado hubiera llegado a casi 30,000 millones de dólares y a un precio por acción de 6.87 dólares.
En función de estos y muchos otros datos, Cuauhtémoc Cárdenas y el PRD demandaron “la declaración de nulidad absoluta del acto administrativo denominado modificación del título de concesión de teléfonos de México S.A. de C.V. con todas sus consecuencias que conforme a derecho corresponden”. El punto central se basó en el señalamiento de que se concesionaba Teléfonos de México a Slim Helú y socios extranjeros y se lo otorgaba una condición de monopolio privado del servicio telefónico contraviniendo el mandato constitucional antimonopólico.
En síntesis, la demanda denunciaba dos fraudes: el primero a la nación por 15,376 millones de dólares y el segundo en contra de los ahorradores y público mexicano y en particular estadounidense por 5,800 millones de dólares, además de que al monopolioprivado de Telmex se le otorgó un regalo fiscal de 10,000 millones de dólares por medio de la ley del impuesto por la prestación de servicios telefónicos.
El 25 de enero de 1995, una copia completa de la solicitud de juicio político contra el expresidente Salinas de Gortari y sus funcionarios privatizadores fue enviada al presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y a sus secretarios de Gobernación, Comunicaciones y Transportes, Hacienda y Contraloría de la Federación, sin que se logrará alguna respuesta.
El 23 de enero de 1996, las comisiones Unidas de Gobernación y puntos constitucionales y de Justicia del la Cámara de Diputados (300 diputados del PRI, el 60% del total) informó al diputado perredista Jesús Zambrano Grijalva de la exoneración de los funcionarios acusados: Carlos Salinas de Gortari, Pedro Aspe Armella (Hacienda), María Elena Vázquez Nava (Contraloría General de la Federación): “no hay lugar a incoar juicio político”.
La decisión de vender Teléfonos de México fue tomada por el presidente Salinas en función de su modelo de reorganización económica del Estado en prejuicio de la sociedad que siguió padeciendo el funcionamiento monopólico empresarial de Telmex primero en servicio telefónico y en interconexiones. Telmex dio luz al grupo Carso y después a América móvil, el triunvirato del poder económico de la familia Slim Helú nacida por una decisión política del presidente de la República que no escuchó advertencias del costo económico político y social de la decisión. Y si se cumplió con la formalidad de un proceso de desincorporación, Slim Helú no fue cualquier empresario que iba pasando frente a Los Pinos sino que prefiguró la construcción de una nueva plutocracia del poder presidencial del PRI que nunca se supo capitalizar para el Estado o para la sociedad.
Los datos de la demanda de Cárdenas y el PRD siguen vigentes para revisar con ojos de otro Estado el título de concesión de Slim que se quiere extender hasta 2056.
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