Algunas horas después de que el gobernador michoacano Silvano Aureoles Conejo declaró contundente que “Michoacán está pacífico y no existe una guerra”, grupos armados locales repelieron a fuerzas armadas y asesinaron al coronel Víctor Manuel Maldonado Celis en un choque propio de una guerra.
La muerte de un coronel el sábado 24 no debe pasar desapercibida, aunque sólo dos de los 17 principales diarios de la capital de la república registraron el lunes el hecho en su primera plana; para los quince restantes el suceso desmereció valor y por tanto no habrá análisis estratégicos sobre lo que está ocurriendo en la república: la toma de control de espacios territoriales de la soberanía del Estado nacional por parte de grupos armados que impiden la aplicación de la ley.
La violencia criminal ha encontrado en estos siete meses de gobierno lopezobradorista un espacio de acción sin precedentes por los tres perfiles de la nuestra estrategia de seguridad de la administración: cesar persecuciones de capos, negociar con grupos criminales para su rendición y preparación del Consejo para la Construcción de la Paz.
La respuesta de las organizaciones criminales ha sido en estos siete meses aumentar sus actividades delictivas, sólo que con una definición de acciones: los cárteles que se dedican al tráfico de drogas han incrementado su guerra contra otros cárteles, con mínimos daños colaterales civiles; en cambio, los grupos armados que han tomado el control de espacios territoriales de hecho gobiernan para sus intereses, sin que haya presencia del Estado; y los delincuentes al menudeo tiene una fiesta ante la incapacidad de las policías estatales y municipales.
Las fuerzas armadas entraron en apoyo a acciones de seguridad pública en tanto que se trataba de delitos de seguridad interior –es decir, contra el Estado y no contra las personas–, pero en este gobierno han recibido la orden de no contestar; el mismo sábado, en otra población de Michoacán, pobladores de Los Reyes, atacaron con palos a soldados que realizaban labores de reconocimiento; y en otras poblaciones aledañas de Michoacán, Oaxaca y Guerrero, personas presuntamente controladas por grupos criminales también han atacado a las fuerzas de seguridad.
El problema radica en que las fuerzas de seguridad tienen armas y facultades para repeler ataques y agresiones de delincuentes y pobladores, pero con instrucciones precisas de no responder a las embestidas agresivas en su contra. Para instancias del gobierno se trata de provocaciones que buscan respuestas armadas de las fuerzas de seguridad para escalarconflictos.
Sin embargo, la orden de no responder a provocaciones carece de instrumentos legales, sociales y políticos para poner orden de Estado en zonas amplias en poder de grupos armados; en este sentido, algunos analistas consideran que la presencia de seguridad armada con orden de no usar armas en zonas de guerra criminal es una provocación al choque sin posibilidad de respuesta institucional. En los doce años de participación de fuerzas armadas en apoyo a seguridad pública han muerto 600 militares y marinos.
La mera presencia de fuerzas de seguridad sin autorizaciones para responder a agresiones –a excepción de ataques graves– es la única apariencia pública en territorios del Estado nacional expropiados por grupos armados y criminales. La negociación secreta de la Secretaría de Gobernación con grupos armados –presuntamente autodefensas, aunque con vinculaciones con el crimen organizado– se entiende ahora como parte adelantada de la pacificación por la vía de los acuerdos de paz.
Las fuerzas armadas están siendo desgastadas con su participación en una estrategia de negociación con grupos criminales; por tanto y para evitar efectos nocivos en la moral de las tropas, militares y marinos debieran ser replegados a cuarteles de zonas calientes de delincuencia organizada, pero lejos de confrontaciones o ataques para proteger su simbolismo castrense. La Guardia Nacional, la aún Policía Federal y las policías estatales y municipales debieran ser las que patrullen y corran con los costos de una estrategia no armada que sólo está engallando a grupos criminales y sus correlativos grupos de pobladores beneficiarios de la criminalidad.
Las fuerzas armadas han perdido imagen en sus apoyos a la seguridad pública. Pero el asunto se complica cuando son utilizadas como parapeto de intimidación sin poder usar su capacidad de fuego de respuesta. Y se agrava cuando las coordinaciones de seguridad no han podido articular una estrategia coherente para negociar la paz. En este escenario, el país quedó en el peor de los mundos; un aparato de seguridad reformado y más profesional, pero sin ordenes de participación a la espera de la rendición de los delincuentes.
Y queda Michoacán como el estado sin ley, sin dirección política y sin capacidad de seguridad, el estado donde comenzó la guerra el presidente Calderón el 11 de diciembre del 2006 y donde casi catorce años después la inseguridad está peor.
Política para dummies: La política es el ejercicio del poder para mantener el poder.
