* La razón, motivo y objetivo de esta maniobra y acción perversa sin ser simplista, es muy simple y sencilla: Mediante la imposición del terror es más fácil controlar y manipular a los diversos sectores sociales desde los poderes de iure y de facto, incluyendo a la delincuencia organizada.
*Como Delegado de la Conferencia Nacional de Empresarios de Medios y fundador del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores, señalamos que ante un Estado fallido urge demandar la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Internacional de Justicia.
A contracorriente de los puristas del periodismo estamos convencidos que los medios de comunicación en general, pero de manera especial la prensa, impresa o digital, es el único contrapoder real, eficaz y eficiente, contra las injusticias y abusos del poder.
Los medios de comunicación tradicionales, prensa, radio y televisión, así como los emergentes digitales, son la versión moderna de la mítica Espada de Damocles que en cualquier momento puede cortar la cabeza de los gobernantes y funcionarios ineptos y corruptos.
Construida de manera genialmente perversa, la ingeniería constitucional de México garantiza plenamente la impunidad total, lo que se refuerza con las amplias redes de complicidad detonadas por la escandalosa corrupción, que todo lo corrompe, descompone y pudre.
Ante la falta de respeto al Estado de Derecho, fincado en la Constitución General de la República y locales, y las Leyes que de estas emanan, la sola división de poderes por si misma dejó de ser la panacea de pesos y contrapesos contra las arbitrariedades en México y en Oaxaca.
Y más todavía en momentos aciagos en los que desde la presidencia de la República se insiste neciamente en dinamitar las instituciones nacionales, creadas y amparadas por el Estado de Derecho y la Constitución, para intentar imponer la dictadura populista de la 4T.
A riesgo de incomodar a las hipócritas buenas conciencias y a los políticamente correctos, sin exagerar ni pecar de alarmistas, denunciamos en la Plazuela de la Libertad de Expresión el plan perverso de asesinar periodistas para sembrar el terror en el pueblo.
La razón, motivo y objetivo de esta maniobra y acción perversa sin ser simplista, es muy simple y sencilla: Mediante la imposición del terror es más fácil controlar y manipular a los diversos sectores sociales desde los poderes de iure y de facto, incluyendo a la delincuencia organizada.
Sostuvimos que, a nuestro juicio, el genocidio como bien podemos calificar la creciente escalada de atentados y homicidios, de ninguna marea es casual, sino por el contrario, se trata de un plan debidamente preconcebido y fielmente acatado desde el poder público, social y privado.
Como Delegado de la Conferencia Nacional de Empresarios de Medios (CONEME) y fundador del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores en Oaxaca, señalamos que algunas autoridades utilizan al crimen organizado y al narcotráfico para atentar contra los periodistas y ejecutarles.
Ante un Estado mexicano fallido, y en presencia de personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), consideramos indispensable demandar la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Al participar en la Jornada Nacional de Movilización a invitación del colega Felipe Sánchez Jiménez, presidente de la Asociación de Periodistas de Oaxaca (APO), recordamos que las quejas y denuncias internacionales por la violación de los derechos humanos obligan a prestar atención a los problemas.
Con optimismo realista sin pecar de ingenuos, advertimos que las protestas, legales y pacíficas, siempre serán bienvenidas, sin embargo, poco o nada lograremos sin llevar las denuncias a los organismos internacionales defensores de la Libertad de Expresión y de Prensa, y de derechos humanos.
En refuerzo de nuestros dichos no hay que pasar por alto que hace apenas unos días el Gobierno de México fue condenado por un tribunal arbitral internacional a pagar 50 millones de dólares por su pésima forma de impartir justicia por el Poder Judicial de la Federación.
El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, puede ser acusado por el delito de genocidio por el pésimo manejo de la pandemia de la COVID-19, si el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, cumple la orden presidencial de protegerlo.
Andrés Manuel López Obrador mandó decir al fiscal Gertz Manero que dé carpetazo a la denuncia de familiares de dos víctimas del nuevo coronavirus SARS-CoV-2-COVID-19 contra el zar de la pandemia López-Gatell, por lo que la denuncia pudiera ser presentada en cortes internacionales.
El 25 de noviembre, familiares de Felipe del Carmen Jiménez Pérez y de Eber Álvarez, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que abriera una carpeta de investigación contra López-Gatell, por incumplir su obligación por omisión y negligencia.
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