* La parte central del conflicto gira en torno del sagrado derecho a la libertad de manifestación de los oaxaqueños y mexicanos en general, y del sagrado derecho al libre tránsito de todos por igual.
* Para nadie es un secreto, mucho menos para las autoridades, el móvil e identidad de los dirigentes de los grupos y organizaciones políticas y sociales que se movilizan y ponen de cabeza a la ciudad.
El día de locos vivido ayer por el caos vial provocado por diversas marchas y bloqueos puso, otra vez, en el tapete de las discusiones el conflicto de intereses y derechos de las partes involucradas.
La parte central del conflicto gira en torno del sagrado derecho a la libertad de manifestación de los oaxaqueños y mexicanos en general, y del sagrado derecho al libre tránsito de todos por igual.
Como es lógico y natural la pugna de intereses y derechos genera un choque que finalmente termina afectando las actividades productivas de la inmensa mayoría de la población en general.
Anualmente desde hace casi medio siglo que cobraron carta de naturalización los diversos tipos de movilizaciones, marchas, bloqueos de calles y carreteras, suman millones de pesos las pérdidas.
En los últimos años son recurrentes los bloqueos y tomas de las casetas de peaje de Caminos y Puentes Federales en la supercarretera Oaxaca-Cuacnopalan con el pago de “cuotas voluntarias”.
El mayor impacto social se ha dado al ahuyentar inversiones que en otras condiciones tendrían el ambiente propicio ideal para crear nuevas empresas y generar empleos y derrama económica.
En este sentido, nos pronunciamos por el innegable apoyo a las protestas de cualquier sector de la sociedad, siempre y cuando estén justificadas legal y pacíficamente y, por tanto, sean legítimas.
Al mismo tiempo, demandamos la intervención de las autoridades de los diversos órdenes de gobierno para recibir, atender y resolver las inconformidades en los lugares donde se originan.
Sólo de esta manera los gobiernos, federal, estatales y municipales lograrán prevenir, inhibir y desactivar el caos vial generado por las frecuentes marchas y bloqueos en la capital oaxaqueña.
Es innegable que en muchos casos hay pública y notoria desatención de algunos servidores públicos por falta de sensibilidad, particularmente en las áreas neurálgicas por estratégicas.
Asimismo, exigimos a las autoridades de los tres órdenes de gobierno respetar y hacer respetar la ley para garantizar la plena libertad de tránsito sin atentar contra la libertad de manifestación.
Para nadie es un secreto, mucho menos para las autoridades, el móvil e identidad de los dirigentes de los grupos y organizaciones políticas y sociales que se movilizan y ponen de cabeza a la ciudad.
Así tenemos que las presiones y chantajes de los sindicatos de la UABJO, en este caso del STAUO, buscan posicionar política y económicamente a sus dirigentes en la sucesión del nuevo rector.
Aunque aparentemente legítimas y válidas sus demandas laborales, en realidad, sus movilizaciones son presiones y chantajes al Gobierno de Oaxaca rumbo a la elección de rectoría.
Además de bloquear ambos carriles de Ciudad Universitaria integrantes del STAUO tomaron las Facultades de Medicina, Arquitectura y cerraron la circulación en Independencia y 5 de Mayo.
En otras palabras, en este caso era urgente la intervención de la Policía Estatal Preventiva para desalojar a los manifestantes y liberar los distintos puntos bloqueados en la ciudad capital.
Las autoridades de los diversos niveles de gobierno jamás deben olvidar que no deben renunciar al monopolio legítimo del uso de la fuerza para garantizar la seguridad e integridad de los mexicanos.
Caso diferente es la demanda de justicia de la Asamblea de Pueblos Indígenas (API) y del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) a 11 años del asesinato de Heriberto Pazos Ortiz.
Con sobrada razón exigen avances en la investigación al Fiscal General del Estado, Arturo Peimbert Calvo, quien lamentablemente desatiende su función al despachar desde la Ciudad de México.
La marcha de integrantes de la Coalición de Sindicatos de Salud relativamente justificada por el término de su contrato, se deslegitima al afectar derechos de terceros a la libertad de tránsito.
A estas movilizaciones se sumó el bloqueo de la carretera al Fortín por habitantes de División Oriente y la Colonia Santa María, por obra de drenaje inconclusa del Municipio de capitalino.
La circulación del tráfico vehicular se complicó porque los manifestantes, también cerraron el paso por calles que generalmente suelen ser utilizadas como vías alternas durante los bloqueos.
alfredo_daguilar@hotmail.com
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@efektoaguila
