En la guerra como en la política, la mejor posición es la que no se revela. De manera sorpresiva, el presidente López Obrador anunció una nueva estrategia de seguridad basada en los efectos sociales y no en la persecución de capos. Pero si se revisan bien sus palabras, sólo habrá un cambio de prioridades, aunque la lucha contra jefes narcos va a seguir.
El primer destinatario de la nueva estrategia fue el grupo de la oposición en el Congreso que está buscando doblegar al gobierno federal con la reinserción del Cuarto Transitorio que ponía a nivel constitucional el papel de las fuerzas armadas como apoyo a labores de seguridad pública. Con la nueva definición presidencial, la tarea castrense pasa a niveles secundarios de prioridades, aunque continúe con sus funciones vitales para el Estado.
El segundo mensaje fue más claro: sin dejar de combatir a los grupos criminales, la nueva prioridad es la social: reconstruir los tejidos comunitarios con obras de gobierno, objetivo, por cierto, que no sólo se agota en más programas o salarios de subsidiosucedáneo al crimen, sino que exige la reconstrucción de las instituciones del Estado como factores de socialización: partidos, educación, iglesia, salud y presencia militar social.
El tercero no ha sido fácil de dilucidar: el descabezamiento de grupos criminales provocó una fragmentación de cárteles en bandas más pequeña muy difíciles de controlar. Ahí la tarea pasará a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Guardia Nacional como institución de presencia abierta en territorios del Estado. En el punto de reconstrucción urgente de las policías dedicará la atención el gobierno y la GN. Hasta ahora, el tema de los huachicoleros es más de seguridad pública que de seguridad interior.
El cuarto mensaje fue para los Estados Unidos, a pesar de las revelaciones amañadas y poco serias procesalmente hablando en el juicio contra El Chapo Guzmán Loera en Brooklyn, Nueva York. Al dar por terminada de manera formal la existencia de cárteles con implicaciones transnacionales, el asunto de las drogas pasa a tema nacional y le deja a los Estados Unidos la lidia de los grupos de cárteles mexicanos en las 3 mil ciudades estadunidenses donde el problema es de mercado al menudeo y de lavado de dinero. México baja un grado en la prioridad de los cárteles como un asunto de seguridad nacional México-EE. UU.
El quinto mensaje va a la sociedad por la intención de disminuir la intensidad en la lucha a veces sin reglas contra las bandas, lo que provocó víctimas colaterales. Ello querría decir, cuando menos en la interpretación, que se acabaron los operativos espectaculares que violentaban las calles de las ciudades. Los operativos serán más selectivos contra la tercera generación de capos y, se espera, con menos efectos sociales colaterales.
El sexto mensaje fue dirigido contra los cárteles sobrevivientes que mantienen liderazgos endebles, sin fuerza política, sin la tranquilidad del tráfico y metidos en guerras intestinaspara mantener los mandos improvisados que dejaron los arrestos de los grandes jefes. La guerra por el control del cártel de Sinaloa de El Chapo, por ejemplo, está depurando las jefaturas y los hijos de El chapo carecen de astucia.
En resumen: hay una nueva estrategia de seguridad que reacomodará los objetivos, pero será la misma que ha buscado quitarles espacios territoriales, sociales y políticos a los grupos delincuenciales. Sólo que ahora la intención es reducir la estridencia de la guerraque usaron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto como parte de la estrategia y centrarse en objetivos más concretos.
El primer efecto se deberá notar en el debate en el periodo ordinario iniciado el viernes pasado en el Senado y cuyo tema central será la reintegración del Cuarto Transitorio de la Minuta sobre la reforma constitucional por la Guardia Nacional que borró el diputado excomunista-experredista-morenista Pablo Gómez Alvarez con la complicidad timorata del coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado. Si el Senado de Ricardo Monreal reinserta el Cuarto Transitorio en la Minuta, el documento tendrá que ser ratificado en la Cámara de Diputados. Sin la prioridad del combate frontal y violento contra las bandas criminales y la instalación de la GN, la participación de las fuerzas armadas en tareas de apoyo a la seguridad pública como parte de la seguridad interior dejará de ocupar todo el espacio mediático de preocupación.
En una comparación de tensiones, violencia e impacto social, los cárteles estarían llegando a una fase de acuerdo para mantener territorios y no conquistar más. Y el calentamiento de plazas territoriales se da por la lucha entre bandas de delincuentes sinriesgo de seguridad nacional y mucho del aumento de la inseguridad está en este activismo delincuencial que ha rebasado con facilidad a las endebles policías federal, estatales y municipales.
De ahí que haya que analizar más a fondo el cambio de prioridades en la mismaestrategia de seguridad.
Política para dummies: La política es el arte de confundir al adversario.
