Tres de los 18 programas estratégicos que el gobierno del presidente AMLO desarrollará durante el 2019 ,y que ya están considerados en el paquete económico que el pasado fin de semana fue entregado al Congreso de la Unión para su revisión y, en su caso, aprobación, tienen como destino prioritario el estado de Oaxaca. Se trata del corredor transístimico, la construcción y reconstrucción de caminos rurales en los municipios (¿ los 570?) de la entidad y la construcción de 10 de las 100 “Universidades para el Bienestar Benito Juárez”, prometidas durante su campaña electoral.
En cada programa ya hay recursos etiquetados y deberán por ley ceñirse a los procedimientos técnicos y administrativos ( reglas de operación)seguramente ya establecidos para vigilar y transparentar su aplicación; aún cuando el criterio general será la centralización de su financiamiento.Hace falta conocer cuáles serán los niveles de responsabilidad de los gobierno de los estados, los gobiernos municipales y de qué manera se establecerá la cooperación institucional entre los “superdelegados” y, para el caso oaxaqueño, entre la Coordinadora Estatal para Programas de Desarrollo, Nancy Ortíz, y el gobierno de Alejandro Murat en un primer nivel, y luego la forma en que bajarán dichos recursos a los municipios, un punto crítico casi siempre descuidado y que requerirá de una meticulosa supervisión para garantizar una pulcra administración y ejecución de los proyectos.
Lo anterior es de suma importancia pues un factor primordial para el éxito o fracaso de estos programas es la estrecha supervisión y transparencia que debe prevalecer en el manejo de estos presupuestos, y por supuesto, la oportuna rendición de cuentas, cosa que no ha sido característica de los tres últimos gobiernos oaxaqueños, en donde se incluye, por supuesto, al gobierno de Alejandro Murat.
No es casual, por tanto, que la quiebra del sistema de salud en Oaxaca hiciera crisis a partir del gobierno de Ulises Ruiz, si no es que desde José Murat, que se agudizara con Gabino Cué y que tocó fondo en menos de dos años con la segunda alternancia por la vía de la reelección muratista.
Y algo similar sucedió con el sistema educativo,mucho más complejo por el número de actores involucrados ( gobiernos federal y estatal -vía IEEPO- y líderes sindicales, fundamentalmente) y el tiempo transcurrido, pero finalmente igual o peor de nocivo que el colapso sufrido con un sistema de salud cuyas instituciones ( SSO y Seguro Popular) literalmente fueron saqueadas y abandonadas por funcionarios de todo tipo en perjuicio de cientos de miles de oaxaqueños.
El viejo sueño del ferrocarril transístimico Oaxaca-Coatzacoalcos parecería que ahora sí se hará realidad bajo un modelo y esquema diferente al impulsado por el expresidente EPN y los dos últimos gobiernos locales .Y el primer paso que ya se dió en ese sentido fue acotar el radio de acción e influencia de las Zonas Económicas Especiales ( con mayor prioridad a Michoacán que a Oaxaca) así como reducir al personal directivo ( de 180 a 90 aproximadamente) y relevando de la Coordinación al peñista Gerardo Gutiérrez Candiani por Rafael Marín Mollinedo, un personaje muy cercano al presidente López Obrador.
Otro problema neurálgico para los oaxaqueños, especialmente de quienes habitan en las zonas rurales e indígenas, han sido la pavimentación y/ o repavimentación de sus vías de comunicación terrestre en donde han abundado el tráfico de influencias y la corrupción: desde amiguismos , complicidades de todo tipo, licitaciones a modo, adjudicaciones directas a constructoras de secretarios, presidentes municipales, legisladores locales y federales, hasta obras realizadas con materiales de pésima calidad, falta de mantenimiento y la recurrencia de fenómenos hidrometeorológicos que prácticamente han destruido las carreteras alimentadoras y troncales de la entidad .
Hoy,con una inversión inicial de 2 mil millones ( 25 por ciento de este total nacional se canalizará a Oaxaca) el gobierno federal buscará cumplir con un compromiso de campaña que, además, será una importante fuente para generar empleo rural, tan abandonada por el gobierno en turno.
Construir y operar en un año 10 universidades del sistema “Universidades para el Bienestar Benito Juárez” parecería sencillo, pero no lo es por varios factores todavía ausentes en el diagnóstico del nuevo gobierno federal: uno, su presupuesto es insuficiente pues mil millones divididos entre 100 universidades solamente permitiría asignar 10 millones a cada universidad( en realidad un centro de educación superior con carreras acordes a la realidad de cada región y baja cobertura matricular) aún cuando, en algunos casos, ya se cuenten con los espacios físicos para su construcción; dos, en el caso de Oaxaca a la fecha el gobierno federal no tiene definido todavía las cabeceras municipales o comunidades en donde se levantarán dichas universidades y tampoco ha considerado recuperar algunos proyectos inconclusos del SUNEO o concluir con la construcción de la Universidad Intercultural que se levanta en el municipio de Tlacolula para no partir de cero y aprovechar la incipiente infraestructura física de esas instituciones; y finalmente, no hay que perder de vista que pese a su crisis financiera y los graves problemas que la UABJO enfrenta en materia de legalidad, rendición de cuentas así como los férreos cacicazgos político-sindicales que la han colapsado, aún se está a tiempo de emprender su rescate mediante una política de Estado que, con respeto a su autonomía, impulse su refundación para beneficio de la educación superior y de los oaxaqueños.
Pero esto último y el futuro del nuevo sistema de universidades públicas habrá que comentarlo con mayor detalle en próxima entrega.
Twitter:@ YescasIsidoro
Diciembre 18 del 2018.
