* John Jairo “Popeye” Velásquez reveló que Álvaro Uribe Vélez, quien dirigía Aerocivil, más tarde presidente de Colombia, autorizó pistas para transportar droga a Pablo Escobar y a otros narcos.
* ¿Aeronáutica Civil y Telecomunicaciones de la SCT autorizaron el helipuerto y la torre de comunicaciones en el predio invadido en San Dionisio Ocotepec, vigilado por gente armada?
La historia, a nuestro juicio, no es lineal ni menos circular, sino elíptica. Además, guardadas las debidas proporciones corre en paralelo a lo largo del tiempo en diferentes pueblos y países.
Es el caso de las amplísimas redes de complicidad del crimen organizado y del narcotráfico, ahora, ambos globalizados, con los políticos, funcionarios, empresarios, partidos y gobiernos del mundo.
Nada nuevo bajo el sol, desde luego, en América Latina, en México y menos en Oaxaca. Para probar nuestro dicho indispensable es recuperar la memoria histórica para actualizar los hechos.
Antes que el genial capo Amado Carrillo Fuentes, vinculado a algunos políticos oaxaqueños, fuera El Señor de los Cielos para introducir cocaína de Colombia a Estados Unidos, lo fue Pablo Escobar.
Máximos líderes del Cártel de Juárez y del Cartel de Medellín, respectivamente, los dos capos del narcotráfico latinoamericano, Amado y Pablo Emilio, fueron socios, con el apoyo de sus gobiernos.
A la luz de los hechos ampliamente documentados, todo parece indicar que cada gobierno en turno en Latinoamérica y en México tiene a sus cárteles a los que garantizan total impunidad.
Totalmente entendible, jamás justificable, porque son los capos de estos cárteles los que financian las campañas a la Presidencia de la República y a las gobernaciones de las entidades federativas.
Popeye, jefe de sicarios de Pablo Escobar reveló que Aeronáutica Civil del Gobierno de Colombia (Aerocivil) dio el permiso para construir la pista de aterrizaje en la famosa Hacienda Nápoles.
Pablo Emilio Escobar Gaviria poseía tres hangares en el aeropuerto de Medellín y una flotilla de aviones para transportar exclusivamente droga, gracias a la complicidad de la Aerocivil.
Lo más interesante que reveló John Jairo Velásquez es que Álvaro Uribe Vélez, quien dirigía Aerocivil, más tarde presidente de Colombia, sabía que la pista era para transportar droga.
La pista construida en la Hacienda Nápoles, en la que había laboratorios de coca, no fue la única autorizada por el director de la Aeronáutica Civil, pues otorgó licencias a otros narcotraficantes.
El 24 de marzo de 1980, el presidente colombiano Julio César Turbay Ayala nombró a Álvaro Uribe Vélez, Director del Departamento de la Aeronáutica Civil, que apoyó la flota aérea de los narcos.
Un año después de la salida de Álvaro Uribe de la Aerocivil, fueron canceladas las matrículas de 30 naves de los Ochoa, 10 de Escobar, 10 de Gonzalo Rodríguez Gacha y 4 de Carlos Lehder Rivas.
Obligado es recuperar estos antecedentes históricos para fortalecer la fundada sospecha que la Dirección de Aeronáutica Civil de la SCT pudiera estar involucrada con el narcotráfico en México.
Un aspecto poco destacado en la información del conflicto surgido en San Dionisio Ocotepec, Tlacolula, es la existencia de un helipuerto en un predio invadido, en el cerro de Nueve Puntas.
Además, la torre de comunicaciones satelitales instalada en el predio debió ser autorizada por la Dirección General de Telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Si fue entregado un arsenal con fusiles de asalto por qué no interviene la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ejército, al tratarse de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Es imperioso que las Fiscalías General del Estado y de la República investiguen los recipientes con manchas de sangre encontrados en el predio, por posibles ejecuciones o tráfico de órganos.
Asimismo, urge investigar la identidad e historia de vida de los 18 retenidos, originarios de los estados vecinos de Puebla y Veracruz, a quienes se dotó de fusiles de asalto AR-15 calibre 223.
La comunidad de San Dionisio Ocotepec informó que el empresario mezcalero Edy Monterrosa Méndez desde hace años invadió sus tierras comunales, y ha puesto personas armadas cuidando el terrero invadido, mismas que han amenazado e intimidando a sus campesinos.
Informaron a la Fiscalía General del Estado, Procuraduría Agraria y al Gobernador, sin embargo, todos actuaron de manera omisa, sin el menor interés de dar solución al asunto. Exigen la firma de un acuerdo de Paz y Seguridad, a fin de que se genere la armonía en la comunidad.
Denuncian la corrupción, parcialidad e interés con que se conduce la Procuraduría Agraria para apoyar al empresario, pues hace dos semanas requirió a algunos comuneros para presionarles y firmaran contratos de arrendamiento de esa fracción de terreno con Edy Monterrosa Méndez.
Por ello, el pueblo acudió al lugar para ver el daño ocasionado y recuperar los 325 metros cuadrados, en los que existen construcciones de concreto, cocina, comedor, baños, y sótanos, vigilados por gente armada vestida de soldados y pasamontañas, quienes nunca se identificaron.
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