Con fundamento en lo dispuesto por la Fracción XIII del artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Bolaños Cacho Guzmán rindió ante el pleno de magistrados, el informe de las actividades realizadas durante el periodo comprendido del 1° de diciembre de 2017 a la fecha, acto al que asistió el gobernador Alejandro Murat Hinojosa como invitado.
En la sesión celebrada en la Sala de Juntas del Tribunal Superior de Justicia, el titular del Poder Judicial reconoció que en la sana separación de poderes, el Mandatario estatal ha sido un estadista respetuoso quien les brindó el apoyo para el mejoramiento y ampliación de los Centros de Justicia que permitirá en breve la operación de varios, entre ellos el de Sola de Vega, en beneficio de la ciudadanía oaxaqueña.
“En este momento de transición que vive el país, en Oaxaca soplan vientos de libertad y democracia, porque su gobierno conduce su destino con firmeza y rumbo claro” afirmó el magistrado.
En este marco, el Ejecutivo estatal expresó que su administración seguirá sumando voluntades para fortalecer el Estado de Derecho, el federalismo, la democracia y la construcción de instituciones más sólidas que sigan haciendo posible el acceso a la justicia como una de las tareas más altas de todo gobierno.
Añadió que el reto común que enfrentan es el fortalecer los instrumentos de la justicia, así como erradicar prácticas obsoletas que dificultan la supremacía de los principios jurídicos y el debido proceso.
Ante ello, se continuará trabajando al lado de la federación, el Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, los organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad para hacer frente a la criminalidad: con la cultura de la prevención, educación, empleo para los jóvenes, fomento al deporte y a la cultura, afirmó el Gobernador del Estado.
A la sesión donde también asistió el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, César Enrique Morales Niño; Cacho Guzmán refirió que se suscribió un convenio entre los tres Poderes del Estado, para el establecimiento, conservación, administración y difusión de los archivos históricos, entre ellos el valioso acervo histórico-jurídico del Poder Judicial.
