Ante la crisis de la basura en Oaxaca, durante la sesión ordinaria de la Diputación Permanente se planteó una iniciativa de reforma a la Ley para la Prevención y Gestión de los Residuos Sólidos del Estado.
El proyecto planteado por la diputada, Lizett Arroyo Rodríguez, del grupo parlamentario de Morena, consiste en modificar el artículo cuarto de dicha ley para que sea obligatorio el realizar campañas y programas para reducir los residuos inorgánicos y eliminar el uso de productos de plástico que no sean biodegradables.
De igual manera, la diputada, Leticia Socorro Collado Soto, y el legislador, Nicolás Enrique Feria Romero, propusieron un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable, para que en coordinación con los municipios de la zona metropolitana de Oaxaca, continúen realizando campañas sobre separación y manejo de residuos sólidos.
Asimismo, para que se designen sitios para la disposición final de la basura y los cuales cumplan con la norma oficial mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, con el fin de evitar una emergencia sanitaria ante la gran cantidad de desechos que han sido arrojados en las calles y márgenes del Río Atoyac, en la capital del estado.
De estos asuntos, el primero fue turnado para su estudio a la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Energías Renovables y Cambio Climático, y el segundo se reservó para el próximo periodo ordinario.
Sobre este mismo problema, la diputada María Luisa Matus Fuentes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, llamó al Edil de la ciudad de Oaxaca a resolver la crisis y garantizar el servicio de recolección de basura, así como destinar un lugar específico para su depósito, para reducir el daño al medio ambiente y a la salud de las y los habitantes.
Durante la sesión de la Diputación Permanente de este miércoles se abordaron en total 12 asuntos, de los cuales uno es sobre una iniciativa para crear una ley en Oaxaca para prevenir y atender el cáncer de mama; cuatro son iniciativas de reforma y cuatro puntos de acuerdo en materia social, de administración y procuración de justicia, medio ambiente, salud y educación.
Del total, seis fueron turnados a comisiones para su análisis y tres se reservaron para el siguiente período.
