La PGR presentó un nuevo argumento legal para no cumplir la resolución que la obliga a transparentar la carpeta del caso Odebrecht, reveló este viernes el portal informativo Aristegui Noticias.
De acuerdo con un documento obtenido por ese medio, la Procuraduría General de la República argumentó ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) que podría violarse el principio de presunción de inocencia y la secrecía de las carpetas de investigación que se aún encuentran abiertas.
La PGR respondió que, antes de dar cumplimiento al resolutivo acordado por el pleno del Inai el pasado 2 de octubre, deberá esperar un pronunciamiento del órgano interno de control de la propia procuraduría.
La consulta interna es para no incurrir en responsabilidades administrativas y penales por una presunta violación a la secrecía de la investigación y para no violar presunción de inocencia de las personas imputadas en dicha indagatoria, señala el escrito de la PGR entregado al Inai el pasado 12 de octubre.
La nota de Aristegui noticias añade que, de manera paralela y sin que exista una petición expresa de la PGR y sin que haya sido parte del litigio, el Consejo de la Judicatura Federal solicitó al Inai una copia de la resolución del caso Odebrecht.
El objetivo de la solicitud es pronunciarse sobre la procedencia de un posible recurso de revisión extraordinario que puede interponer la Presidencia de la República, en este caso para negar la información, con el argumento de que se vulnera la seguridad nacional o de que se trata de un caso de delincuencia organizada.
El Consejo de la Judicatura, mediante su Comité de Transparencia, solicitó al Inai que le notifique todos los recursos de revisión administrativa de las dependencias de gobierno que nieguen algún tipo de información pública por estimar que hay un riesgo a la seguridad nacional o que tienen relación con la delincuencia organizada, detalló Aristegui Noticias.
Fuentes consultadas por ese mismo medio prevén que la PGR podría incumplir la entrega de la carpeta de investigación, puesto que el plazo legal vence el próximo 2 de noviembre. De ser así, incurriría en desacato, y los servidores públicos que se nieguen a transparentar la carpeta se podrían hacer acreedores a una multa y al inicio de un proceso para fincarles responsabilidad administrativa, explica Aristegui Noticias.
Fuente: proceso.com
