Jan Jarab, representante del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos en México, solicitó a los diputados recapacitar sobre la aprobación a la reforma del artículo 19 de la Constitución el cual pretende otorgarle prisión preventiva a los implicados en robo de combustible, corrupción y delitos electorales.
Dicha petición sostiene que la reforma podría violar los derechos humanos de los involucrados pues no se respetaría el debido proceso y la presunción de inocencia.
“Existe un sólido consenso de los organismos internacionales de derechos humanos acerca de la incompatibilidad de la prisión preventiva oficiosa con los compromisos adoptados por el Estado Mexicano. Por ello, debería eliminarse”, comunicó el representante.
La Otra Opinión
