La Secretaría de Relaciones Exteriores quiere poner un cambio de rumbo en la política migratoria del país facilitando que los inmigrantes centroamericanos puedan establecerse en el país de manera legal.
Así lo dio a entender este lunes el nuevo titular de la dependencia, Marcelo Ebrard, a raíz de la presentación del Plan de Desarrollo Integral (PDI), un pacto entre México, El Salvador, Guatemala y Honduras para impulsar el desarrollo de la región como solución a las causas que originan la emigración forzada hacia el América del Norte.
“Hoy en día, quien procure algún estatus legal en México, (los inmigrantes de) los países hermanos aquí presentes tienen el mismo grado de dificultad para hacerlo que los procedentes de la Unión Europea”, afirmó en conferencia de prensa junto con los ministros de Exteriores de El Salvador, Guatemala, Honduras y la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcenas.
“No podemos asumir este pacto con la política migratoria como estaba. Se presentarán cambios legales”, añadió el secretario.
El PDI se presentó en el marco de la Conferencia Intergubernamental para el Pacto Mundial sobre Migración de las Naciones Unidas, que tubo lugar en Marrakech, Marruecos.
Por el momento, los países integrantes del pacto están trabajando para identificar cuáles son sus prioridades para conseguir el objetivo de desarrollo del pacto.
Por el lado mexicano, Ebrard afirmó que ya se hizo un diagnóstico y que su plan de trabajo prioritario será invertir 30,000 millones de dólares en la zona sur de país.
Hechos estos trabajos previos, presentarán el PDI “a inicios de 2019” con las acciones detalladas y lo presentarán ante la comunidad internacional, afirmó el titular de la Cancillería.
Junto con los cuatro integrantes del PDI, hay siete países interesados en participar, aunque Ebrard no quiso dar los nombres.
Uno de ellos ya trascendió que sería España, según afirmó su embajador en México, Juan López-Dóriga, en entrevista para el periódico Reforma.
Con el PDI, los países integrantes quieren “competir con la narrativa que se impone en el mundo de que la mejor forma de hacer frente a la migración es excluyendo y controlando”, afirmó Ebrard.
Política excluyente de facto
Las nuevas medidas migratorias que busca el nuevo gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, con las cuales se reduciría el número de deportados, evidencian que quiere alejarse de la política al estilo estadounidense.
“Estamos vinculados a esta perspectiva de EU de restringir, que se hace latente en acciones de detección, detención y deportación, que han aumentado en el último sexenio”, afirma Rafael Alonso Hernández, académico del Colegio de la Frontera Norte.
Rafael Alonso explica que el mecanismo de solicitud de refugio en México es muy limitante para los que se quedan en el país.
“Si a este panorama le añades que ante el crecimiento de solicitudes de refugio, México no ha invertido más recursos para agilizar los trámites, la perspectiva es de un país que no prioriza la protección de los migrantes”, indicó.
Esto es así porque los solicitantes tienen que circunscribirse en el estado en el que solicitan refugio e ir a firmar cada semana a la delegación correspondiente del Instituto Nacional de Migración (INM).
“Como la respuesta institucional es muy lenta, se favorecen los desistimientos. Además, muchos solicitan refugio cuando ya han sido detenidos por el INM. En este periodo, los solicitantes son privados de su libertad porque no pueden salir cuando desean”, explica en entrevista a Forbes México.
En respuesta a si México pretende crear campos de refugiados, Ebrard afirmó que no está contemplado en los planes del Gobierno.
“Se preparó un albergue en Tijuana para atender a las personas que llegaron. Pero la política mexicana no será de confinar a nadie en lugares cerrados”, afirmó el canciller.
Forbes
