Unos 30.000 maestros y profesores de Costa Rica depusieron este viernes, con las manos vacías, la huelga más duradera en el país centroamericano en más de un siglo. Los educadores han sido los últimos en deponer el movimiento iniciado el pasado 10 de septiembre contra la reforma fiscal que el Gobierno de Carlos Alvarado (centroizquierda) logró sacar adelante el martes y que promete estabilizar las maltrechas finanzas públicas ticas.
Los tres grandes sindicatos del gremio educativo —formado por más de 65.000 profesionales— acordaron volver a trabajar después de un estrepitoso cierre del curso lectivo en el sistema público, al que acude más de un millón de alumnos. Cientos de miles de escolares perdieron las clases en el último trimestre, después de que los maestros hayan mantenido activo el movimiento. Otros grupos de maestros han regresado a sus labores en el último mes. Ahora, aprobada y vigente la reforma fiscal, deciden volver a las aulas a solo una semana vista de las vacaciones de Navidad.
Hasta 50.000 educadores estatales, según el Gobierno, llegaron a participar en la huelga en su momento álgido con la consigna de tumbar un proyecto de reforma fiscal que aumenta las cargas tributarias y que pone límites al gasto público —que pasa a estar anclado al crecimiento económico—. Junto con otras organizaciones gremiales, los profesores intentaron tumbar un proyecto que consideran “neoliberal”. El Gobierno de Alvarado —de inclinación progresista, aunque formado por políticos de varias ideologías— insistió en todo momento en que es indispensable para mantener las prestaciones sociales en el país, incluida la educación pública.
La asociación de profesores de secundaria (APSE), como el resto de sindicatos, evitó reconocer como fracaso de la huelga convocada con un objetivo bien claro: tirar abajo el cambio en el sistema tributario tico. “La decisión es levantar el movimiento para replantear la estrategia de lucha contra esta ley nefasta y contra los nuevos proyectos que se están gestando en contra del pueblo trabajador y de los sectores más vulnerables de la sociedad costarricense”, se limita a decir la organización en un comunicado.
Satisfacción gubernamental
Carlos Alvarado (Partido Acción Ciudadana) gobierna junto a representantes de otros partidos menos proclives al poder del Estado y con el apoyo de un grupo de diputados opositores que aportaron los votos suficientes para aprobar la reforma fiscal. Aunque celebraron la entrada en vigor de la reforma fiscal —que prevé un alza en los impuestos y topes al gasto público—, admiten que es insuficiente porque solo aporta en el primer año el equivalente al 1,5% del PIB. Por eso, creen necesarias reformas más profundas en las leyes que rigen a los trabajadores estatales —el 14% de la fuerza laboral—, con unas condiciones contractuales mejores, en promedio, que las de los empleados privados. Los sindicatos del sector público anuncian un 2019 igual de conflictivo a estos meses de 2018 transcurridos desde que Alvarado tomó el poder, en mayo.
El ministro de Educación, Édgar Mora, dijo sentirse satisfecho por el fin de la huelga, aunque lamentó los daños que esta causó a la educación pública, cuya importancia “es quizás el único consenso nacional en este país en medio de discusiones sobre el rumbo del país”. Un número no menor de trabajadores de puertos, hospitales y energía también participaron en la huelga en sus primeros compases, pero poco a poco volvieron a sus funciones ante la determinación de Alvarado y los suyos para sacar adelante los cambios tributarios y ante la censura popular contra las medidas de presión recogida por varios sondeos. Los estudios de opinión también mostraban un apoyo escaso para el Gobierno y su proyecto, pero Alvarado —que ganó las elecciones hace solo nueve meses— comparó su reforma con una medicina desagradable, pero indispensable para la salud financiera del país y para evitar una crisis como la de principios de los años ochenta.
Con la reforma fiscal ya vigente, el riesgo país de Costa Rica ha disminuido. La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, aspira, en este nuevo entorno, lograr financiamiento en mejores condiciones para estabilizar la deuda —que ya equivale al 54% del PIB, un nivel alto para los estándares del mundo emergente— y, de manera más urgente, atender los gastos del cierre de año. Este año, la primera semana de diciembre terminará sin que el Gobierno pague el aguinaldo a sus trabajadores —incluidos maestros—, algo inédito en muchos años. Aunque el Estado aún tiene tres semanas para cumplir el pago de ley, este viernes todavía no estaban disponibles los recursos.
El País
