Corrupción es un término que admite más de una definición, toda vez que se trata de un fenómeno multicasual y multidimensional. Los especialistas en el tema sostienen un debate inacabado en torno a sus causas, las formas para medirla, sus alcances y, lo más importante hoy en día, los mecanismos efectivos para erradicarla. No obstante, en medio de la controversia existe consenso en cuanto a considerarlo un fenómeno connatural a la convivencia humana basada en reglas de conducta y, por tanto, se admite que cualquier persona puede incurrir en actos deshonestos, tanto en el espacio público como en el privado.
En las sociedades afectadas por la desigualdad y la injusticia, donde la atención está puesta en el gobierno y en el desempeño de los servidores públicos, la corrupción se advierte con más facilidad y causa mayor irritación social.
Por corrupción podemos entender una amplia diversidad de cosas y cuyos efectos son también de diferente alcance: desde la típica “mordida” que paga un automovilista al agente de tránsito para evitar la multa, hasta el uso del erario de parte de algunos servidores públicos para acumular fortunas, sin omitir, por supuesto, la dádiva que otorga el empresario al gobernante para ser beneficiado con recursos públicos.
Cualquiera que sea su forma concreta de manifestarse, desde la perspectiva sociológica la corrupción se define como una práctica consistente en la realización de actos ilícitos o la utilización de medios económicos o materiales de manera inapropiada para conseguir un beneficio personal. Desde la mirada del derecho se le asocia con conductas delictivas como soborno, extorsión, peculado, malversación, colusión, abuso de funciones, tráfico de influencias, obstrucción de la justicia y lavado de dinero, entre las más frecuentes.
Para el ciudadano común y corriente, la corrupción no deja de ser otra cosa que hurtar, robar, malversar, sobornar, usurpar, extraer, desnaturalizar y todos aquellos sinónimos que puedan describir los actos en lo que pude incurrir el ser humano en una búsqueda insaciable de poder y dinero. Por supuesto, sin soslayar que cuando la corrupción se presenta en el contexto de la función pública constituye un pesado lastre para el desarrollo y bienestar de la sociedad que potencia la injusticia y la desigualdad porque afecta de manera más severa a los sectores más vulnerables de la población que son quienes en mayor medida dejan de recibir los apoyos gubernamentales para ampliar las oportunidades para el mejoramiento de sus condiciones de vida.
En este contexto, cobra importancia la necesidad de continuar expresando desde todas las trincheras el repudio ciudadano contra la corrupción imperante en algunos sectores de la administración pública y demandar a las autoridades competentes una lucha efectiva, sin cuartel, contra este lastre que desde hace tiempo mantiene secuestrada impunemente la posibilidad de forjar un mejor futuro para Oaxaca. Desde cualquier perspectiva, es inadmisible que la deshonestidad y el abuso de los servidores públicos como, por ejemplo, los del sector educativo y el sector salud que han acaparado las planas de diferentes medios informativos en las últimas semanas queden impunes o, lo que sería peor, que se les permita seguir lucrando con sus cargos para beneficio personal y de sus familias a costa de mantener sumidos en el rezago importantes componentes del desarrollo social del estado.
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