Al ser entrevistados, aquellos migrantes que provienen de los países más pobres de Centroamérica y que logran cruzar a Estados Unidos tienen sentimientos encontrados sobre su paso por México.
Mientras que algunos hablan de los gestos humanitarios recabados durante sus largas travesías por este país en busca del anhelo por una vida sin miseria, otros narran los abusos a los que son sometidos por las autoridades migratorias, policías locales e incluso ciudadanos de a pie.
Uno de los episodios más agudos de la crisis migratoria que se vive en México tuvo lugar este lunes, cuando 38 migrantes provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela y Colombia murieron en el Centro Migrante del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, ante la mirada indolente de agentes de seguridad privada.
En un video que circuló por las redes sociales, se puede apreciar que los ciudadanos extranjeros permanecían encerrados, bajo llave, y que ante el inicio de un incendio y propagación del humo, al menos dos agentes, ahora identificados como empleados de una empresa privada de seguridad, los dejaron morir sin mayor remordimiento.
Las versiones sobre el por qué los ciudadanos extranjeros permanecían recluidos afloran, la autoridad federal ha concedido que una de las líneas de investigación es que el alcalde de Ciudad Juárez ordenó una redada para impedir que los migrantes pidieran dinero y causaran mal aspecto en la localidad.
Tras tres días de repartir culpas, el gobierno mexicano ha comenzado a señalar responsabilidades. No es sorpresa que hayan existido irregularidades en la contratación de las empresas de seguridad privada para proteger las instalaciones públicas.
Por ejemplo, hoy se sabe que el INM otorgó un contrato a la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A. de C.V. que, en las primeras indagatorias sobre su estatus de operación, arrojó diversas irregularidades.
A dicho grupo, la Dirección General de Seguridad Privada de la SSPC que otorgó el permiso de operación en el país, pero no dio seguimiento a la forma en la que prestaba servicios al gobierno federal, según se pudo desprender de la conferencia de este jueves de la titular de la corporación.
Por ejemplo, algunas de las irregularidades encontradas fueron que la empresa contaba con menos personal al reportado a la autoridad federal, no daba vista sobre bajas o altas de personal y, aunque no queda claro, sus trabajadores supuestamente portaban armas, aun cuando su contrato y permiso no los facultan para ello.
De acuerdo con el diario El País, el Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A. de C.V. fue fundado en 2015 bajo el nombre comercial de Grupo Tank Seguridad Privada Profesional. En México, esta empresa tiene presencia en 23 inmuebles de la administración pública federal.
De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), esta empresa de seguridad privada obtuvo mediante adjudicación directa un contrato por 165 millones de pesos para la vigilancia de instalaciones del INM.
Esta firma tiene sus oficinas en la colonia Hipódromo Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México y su socio principal ha sido identificado como David Salazar Gasca. También figura como socio George Mcphail Trouyet.
Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC, dijo que la información sobre estos empresarios. así como la de su estatus financiero. fueron entregados a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Unidad de Inteligencia Financiera, que tendrán que revisar si hay comisión de delitos sobre lavado de dinero y evasión fiscal.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha enfrentado al escrutinio público sobre este tema, sin embargo, ha sido reacio a hablar sobre la responsabilidad de altos funcionarios de su gabinete en esta tragedia.
El jefe del Ejecutivo federal ha reiterado que su administración no dejará impune el caso llegue a donde llegue y caiga quien caiga, pero cuando se le cuestiona sobre la responsabilidad de los integrantes de su gobierno en materia migratoria, prefiere dejar la responsabilidad a la Fiscalía General de la República.
Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación; Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), y Francisco Garduño, titular del INM, se han echado la bolita y exculpado en medios de comunicación.
Ayer jueves, durante su conferencia matutina, el mandatario federal evitó hablar del tema y soltó la bolita a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana tras ser interrogado y prefirió dar la palabra para preguntas a dos youtubers que se han desvivido en elogios.
Sin embargo, señaló: “Hoy va Rosa Icela, también, tengo entendido, con una representante de la Fiscalía va a informarles, y tu pregunta va a ser respondida. Pero no quiero yo meterme porque como está abierta la investigación no quiero dar a conocer datos o presuntos hechos, todo lo que está saliendo de las investigaciones y que no se vaya a utilizar esto para que los responsables puedan acudir a amparos y protegerse por estar adelantando información nosotros”, dijo López Obrador.
—¿Ya habló con Francisco Garduño, presidente?— se le cuestionó.
—Sí.
—¿Va a renunciar o qué va a pasar con él?
—Todos van a esperar el resultado de la investigación, como corresponde, va a ser la Fiscalía la que va a iniciar los procesos judiciales correspondientes— respondió López Obrador.
Forbes
