El Servicio de Administración Tributaria (SAT), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), debe dar a conocer los montos que, por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), fueron devueltos a estados y municipios durante el periodo comprendido entre 2016 y 2018, indicó el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Por unanimidad, el Pleno del organismo autónomo aprobó la propuesta del comisionado Joel Salas Suárez, mediante la cual se instruyó entregar información solicitada por un particular y comunicarle el fundamento legal bajo la cual solicitaron la devolución del ISR.
Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Salas Suárez expresó que, la información pública sirve para que las autoridades fiscales demuestren que se están tomando las medidas necesarias para que puedan cumplirse las promesas de campaña del futuro presidente, Andrés Manuel López Obrador, en materia de combate a la corrupción, pobreza y desigualdad.
Detalló que el SAT había declarado que la información estaba clasificada como confidencial, al estar protegida por el secreto fiscal, ya que los contribuyentes tienen derecho a la confidencialidad de sus datos.
Inconforme, el particular impugnó dicha clasificación y, en alegatos, el SAT señaló que, aunque los estados y municipios son organismos públicos también son personas morales para efectos fiscales hacia su régimen interior y, por lo tanto, son contribuyentes como cualquier otro.
Sin embargo, en el análisis del caso, la ponencia de Salas Suárez determinó que los datos de las devoluciones de impuestos sobre la renta efectuadas a municipios y entidades federativas, corresponden a personas morales que ejercen recursos públicos.
Así, argumentó, la información sobre la administración de los recursos económicos de los organismos públicos de los tres niveles de gobierno, deben sujetarse al principio de máxima publicidad.
Por ello, señaló, el agravio presentado por el particular fue fundado. “Los estados tienen la obligación de garantizar los derechos de sus ciudadanos y proveer bienes y servicios públicos”.
El comisionado advirtió que, “para procurar e impartir justicia, fomentar el desarrollo, disminuir la desigualdad y velar por las libertades de la población, los gobiernos necesitan recaudar impuestos. La política fiscal es la principal vía por la que el Estado mexicano se allega de recursos”.
Por ello, “se esperaría que, ante la importancia de estos ingresos, tanto estados, como municipios, cumplan cabalmente con sus obligaciones fiscales, ya que abonan a la recaudación federal (y) los mexicanos tenemos derecho a conocer si están cumpliendo justamente con estas obligaciones”.
El comisionado Salas Suárez destacó también que, una de principales propuestas de campaña del ahora presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, es el combate a la corrupción, la pobreza y la desigualdad que prevalecen en nuestro país.
“Para que el futuro gobierno federal cuente con suficientes recursos para llevar a cabo sus propuestas, que incluyen una ambiciosa agenda social, es importante que la recaudación se lleve a cabo de forma eficiente, de lo contrario, deberá aumentar la deuda pública o incumplir con algunas de las promesas que se hicieron en campaña a la ciudadanía”, dijo.
“La información pública es crucial para que, a través de sus autoridades fiscales, entre ellas el SAT, se demuestre que se están tomando las medidas necesarias para cumplir estas promesas de campaña y que sus decisiones estén debidamente justificadas”, enfatizó.
Fuente: jornada.com
