Colectivos civiles critican que el trabajo de las autoridades para identificar a víctimas es muy lento. La Fiscalía señala que ya tienen el ADN de los restos encontrados pero hace falta el de los familiares para identificar a las víctimas.
De los 339 cuerpos que se han encontrado en dos años en Colinas de Santa Fe y en Arbolillo, dos de las fosas clandestinas más grandes descubiertas en Veracruz, las autoridades federales y estatales de investigación han identificado con nombre y apellido a 32 personas; el 9.4% del total.
La fosa donde a la fecha se han exhumado más cráneos es en Colinas de Santa Fe, un predio ubicado a escasos kilómetros del Puerto de Veracruz que, según las investigaciones policiacas, era usado por el crimen organizado como un ‘cementerio particular’.
Esta fosa fue descubierta en 2016 luego de que el Colectivo Solecito, un grupo de mujeres que buscan a sus seres queridos desaparecidos, recibió un mapa anónimo con información del lugar y comenzó a excavar en el predio. De acuerdo con datos oficiales proporcionados a Animal Político por la Policía Federal y la Fiscalía veracruzana, en las fosas descubiertas se han hallado 292 cráneos, de los cuales se han podido identificar plenamente a 16 personas.
En marzo de 2017 tuvo lugar el hallazgo de otra fosa clandestina en la localidad de Arbolillo, en el municipio costero de Alvarado ubicado a unos 70 kilómetros del Puerto. Hasta el momento, se han exhumado 47 cráneos y se han identificado a otras 16 personas, según cifras oficiales.
De los 32 cráneos identificados, 18 ya fueron entregados a los familiares; procedimiento que de acuerdo con la Policía Federal se hace en colaboración con la fiscalía del estado y con personal de la Comisión de los Derechos Humanos. En el resto de los casos, las familias no han querido recibirlos hasta tener los cuerpos completos de las víctimas.
Ante estos resultados, el Colectivo Solecito criticó la actuación de la fiscalía en la identificación plena de las víctimas de desaparición forzada.
Lucy Díaz, vocera del colectivo y madre de un joven de 29 años que desapareció en el Puerto de Veracruz, dijo que ‘El Solecito’ lleva encontradas 295 personas en Colinas de Santa Fe, y otras 20 que la brigada del colectivo en Córdoba halló en pozos de agua en la localidad de Omealca; una zona altamente conflictiva por los enfrentamientos de grupos del crimen organizado, que se disputan la extracción ilegal de combustibles en la zona.
“En total, van encontradas 315 personas. Y de ese universo, solo se han identificado 15. Una cifra muy por debajo del 10%, que nos dice que la Fiscalía no avanza en la identificación de las víctimas”, subrayó Díaz en entrevista, en la que también criticó “el hermetismo” de la dependencia investigadora.
“No nos dicen, por ejemplo, cuántos de los cuerpos hallados en Colinas son mujeres, cuántos hombres, ni las edades. Es información que para los antropólogos no es tan complicada, pero no nos dicen nada”, lamentó Díaz.
Se necesitan más pruebas de ADN a familiares
Sobre la lenta identificación de las personas enterradas ilegalmente, los funcionarios federales y de Veracruz consultados por este medio explicaron que genéticamente se tienen identificados –con un perfil de ADN definido- más del 90% de los 339 cráneos rescatados en ambos predios.
Sin embargo, para conocer el nombre de las víctimas se requiere obtener una coincidencia con el ADN de otra persona, por ejemplo, un familiar directo. Y esto, tras la comparación que hizo la Policía Federal del ADN de las víctimas exhumadas con el ADN de familiares, solo ocurrió positivamente en 32 casos.
“Necesitamos que más personas que tengan familiares de desaparecidos se acerquen a las autoridades de Veracruz o federal para pedir que se recabe su ADN porque, en todos los casos mencionados ya se hicieron los cruces con perfiles de familiares de colectivos y de otras partes del país, y solo ha habido correspondencia en 32 casos hasta ahora”, explicó un funcionario federal.
Fuentes de la Fiscalía de Veracruz destacaron que las bases de datos genéticos que se han utilizado, se han ido construyendo en los últimos dos años. Subrayaron que esto se debe a que en la administración estatal pasada (del gobernador Javier Duarte) se recabaron algunas muestras, pero la mayoría no se trabajaron y resultaron inservibles.
En Colinas de Santa Fe, las dos primeras víctimas identificadas fueron Pedro Huesca Barradas, agente del Ministerio Público de 30 años de edad, y su secretario particular Gerardo Montiel. Ambos desaparecieron el 15 de abril de 2013, tras ser secuestrados en Ciudad Cardel, Veracruz, por integrantes del crimen organizado. Fueron identificados gracias a que los plagiarios los enterraron en el ‘cementerio clandestino’ con todo y sus credenciales.
Aquí puedes leer el perfil de las víctimas
Mientras que, en Arbolillo, en Alvarado, la Fiscalía veracruzana dijo tener “indicios sólidos” de que entre los 47 cráneos exhumados y múltiples restos se encuentran tres miembros de la familia Sánchez Pérez, originarios de Querétaro, que fueron denunciados como desaparecidos a principios de septiembre de 2016.
Colinas de Santa Fe es la fosa clandestina más grande del sexenio de Peña Nieto, con 292 cráneos exhumados hasta el momento, según cifras oficiales. Pero, desde luego, no es la única en Veracruz, entidad que brigadas de activistas y familiares de desaparecidos han denunciado en múltiples ocasiones como “un tiradero de cuerpos”.
Sin ir muy atrás en la hemeroteca, apenas el pasado jueves 6 de septiembre la Fiscalía veracruzana anunció el hallazgo de otro cementerio clandestino con 32 fosas y 174 cráneos, aunque el gobernador Miguel Ángel Yunes advirtió en una entrevista con Radio Red que la cifra puede aumentar.
Hasta ahora, la Fiscalía solo ha precisado que se trata de un predio de unos 300 metros cuadrados, de difícil acceso, y que está ubicado “en la zona centro” de Veracruz. En cuanto a cómo fue descubierta la fosa, el jueves pasado el fiscal Jorge Winckler detalló que el predio se ubicó a inicios de agosto, gracias al testimonio de una persona que señaló el punto donde habrían sido enterradas ilegalmente cientos de personas.
El pasado 8 de agosto iniciaron los trabajos de investigación en la zona, y un mes después se localizaron los restos humanos, que según los primeros análisis tienen hasta dos años de antigüedad.
“Venganza”
Este nuevo hallazgo se anunció, tal y como admitió el propio fiscal, al margen de las brigadas de mujeres y de familiares que buscan a víctimas de desaparición forzada, lo cual generó malestar y críticas hacia la Fiscalía, a la que acusaron de actuar “de mala fe”, dejándolas fuera de las labores de búsqueda, como es su derecho reconocido en la Ley de Desaparición Forzada, para presentar el descubrimiento de la fosa como un logro político.
El Colectivo Solecito también receló de la “rapidez” con la que en este último caso las autoridades exhumaron 174 cráneos en tan solo un mes, determinando ya incluso la antigüedad de los restos.
“Nos preocupa el trabajo tan atropellado que está haciendo la Fiscalía–dijo Lucy Díaz-. Por poner un ejemplo: en Colinas de Santa Fe cuando una fosa tiene solo seis cuerpos, se tarda una semana en exhumar porque hay que hacerlo con extremo cuidado. Y si ellos están exhumando cientos de cuerpos en un mes, no pueden estar haciendo un buen trabajo”.
Otro de los puntos que critica el Colectivo es el “hermetismo” con el que la Fiscalía ha manejado el último hallazgo, negándose a precisar la ubicación de la última fosa, bajo el argumento de que hacerlo pondría en riesgo la seguridad de los elementos que trabajan exhumando los cuerpos.
Marcela Zurita, integrante de la brigada que ‘El Solecito’ tiene en la región céntrica de Córdoba, celebró que en ese caso la Fiscalía busque proteger a quienes trabajan en las fosas, pero acusó que el trato no sea parejo con ellas.
“Nosotras buscamos sin el apoyo de la Fiscalía y sin seguridad alguna. En Omealca, por ejemplo, pueden llegar a lastimarnos por donde sea, porque ya nos han dejado mensajes los huachicoleros”, apuntó la activista.
Lucy Díaz, incluso, fue un paso más allá, al considerar que la secrecía de la Fiscalía no se debe a motivos de seguridad, ni para preservar la investigación, sino a una “venganza” de las autoridades de investigación, por los reclamos y la postura crítica del Colectivo hacia su trabajo en estos dos últimos años.
“Tras perder las elecciones el PAN (el partido del actual gobernador, Miguel Ángel Yunes), se vino sobre nosotras una venganza. Antes nos daban un triste almuerzo, y ahora ya nos lo quitaron. También nos quitaron la maquinaria que era para buscar. Es una venganza –recalcó la activista-, y por eso no nos incluyeron en la búsqueda de la fosa que anunciaron el jueves pasado”.
Fuente: animalpolitico.com
