Sólo una cuarta parte de los policías del país están calificados como aptos y actualizados para el cargo, revela un estudio de la Secretaría de Gobernación (SG).
El anterior es uno de los 10 indicadores del modelo óptimo de la función policial, aunque en todos, sin excepción, hay rezagos.
Los lineamientos para este modelo, diseñado para prevenir y combatir el crimen local, fueron aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) en agosto del año pasado; sin embargo, esta máxima instancia –encabezada por el presidente de la Republica– no ha sesionado al menos de manera ordinaria, como dice su norma.
A tres semanas de que concluya el sexenio del Presidente Peña Nieto, fuentes de la SG dijeron que posiblemente toque al siguiente gobierno retomar el tema.
Para estar debidamente certificados, los uniformados deberían estar al 100 por ciento en evaluación de control de confianza; acreditación de competencias básicas o profesionales; de desempeño académico, y formación inicial o equivalente.
El plan aprobado por el CNSP en septiembre de 2016 indica que para el 2019 todos los agentes deberían cumplir con ese estatus.
Sin embargo, hasta el segundo semestre del año en curso sólo 23.5 por ciento de los oficiales estaba en posibilidad de obtener su Certificado Único Policial (CUP).
El principal rezago está en la acreditación de competencias básicas y en la evaluación del desempeño, pero hay fallas en los cuatro rubros.
Es así que 16.8 por ciento de los elementos policiales no tiene formación inicial; una quinta parte no tiene la evaluación de control de confianza aprobada y/o vigente, mientras que cerca de la mitad no pasó los exámenes de desempeño y de competencias básicas.
En tanto, dos de cada 10 agentes estatales fueron reprobados en las evaluaciones de control de confianza o sus pruebas ya no están vigentes, reporta la SG.
Respecto de los no aprobados en control de confianza –el más importantes de los puntos a evaluar– se desconoce si ya fueron dados de baja, como lo marca la ley, o continúan en tareas operativas, con acceso a información sensible.
A esta circunstancia se agrega el déficit de policías en el territorio nacional, salvo en Ciudad de México y Tabasco, aunque también ahí se ubican los de menores percepciones económicas.
El país tiene poco más de la mitad de los agentes preventivos que debería tener, dijo la SG.
En el estudio se detalla que 100 por ciento de los elementos en activo de las corporaciones locales debería contar con resultado aprobado y vigente en las evaluaciones, según lo establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La vigencia de las evaluaciones es de tres años. No obstante, este año 79.3 por ciento del estado de fuerza cuenta con evaluación de control de confianza aprobada y vigente.
De 125 mil 857 integrantes, equivalentes a 98.9 por ciento (el resto no ha sido evaluando), 8 mil 117 (6.4 por ciento del total) no aprobaron su evaluación.
En tanto, casi 15 mil, equivalente a 11.3 por ciento no tiene vigente su evaluación y para 1.8 por ciento el resultado de las pruebas está pendiente.
Por entidad, las que tienen una mayor proporción de agentes reprobados son: Nayarit (30 por ciento), Zacatecas (28 por ciento), Baja California Sur (23 por ciento), Sinaloa (20 por ciento) y Veracruz (19 por ciento).
Sobre la actualización en el sistema de justicia penal, el análisis indica que la totalidad del estado de fuerza operativo debe actualizarse con una capacitación práctica de 30 horas mínimas anuales en esta materia, en apego al programa rector de profesionalización aprobado hace dos años por el CNSP.
De un estándar de 100 por ciento de capacitación, 51.6 por ciento, en promedio, de los oficiales ha cursado al menos uno de los tres talleres, pero no sólo es un asunto de los agentes sino de la infraestructura. Es así que de 45 academias o planteles de formación policial, apenas 17 cumplen con los 12 rubros mínimos requeridos.
Fuente: jornada.com
