En México se viven “francas extorsiones” por parte de los gobiernos locales (estatales y municipales) para facilitar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones que permita tener una mayor conectividad entre la población, pues en muchas ocasiones utilizan sus facultades en materia de desarrollo urbano para dificultar el desarrollo de los proyectos, denunció el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Gabriel Contreras.
Al participar en la 39 convención nacional anual de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), el funcionario destacó la importancia de incrementar el acceso a las tecnologías de la comunicacion y la información en el país como un factor central para mejorar la productividad en todos los sectores, tener mejor desarrollo social y reducir las desigualdades.
No obstante advirtió que “ninguno de estos esfuerzos será suficiente si continuamos observando obstáculos para el despliegue de infraestructura, especialmente a nivel local. Se viven en nuestro país francas extorsiones en ocasiones para poder desplegar infraestructura en muchas localidades, producto de decisiones que se toman a nivel local”.
Explicó que la ley en el país establece que corresponde a la federación la regulación de las telecomunicaciones y a nivel local todo lo que tiene que ver con el desarrollo urbano y “es ahí donde se han enfrentado obstáculos, pero no sólo en la regulación, sino incluso en la actuación misma de algunas autoridades locales a la hora que se pretende aplicar esta regulación”.
Explicó que pese a los esfuerzos para llevar servicios de telecomunicaciones a toda la población existen “dolorosas brechas digitales”, pues el acceso que se tiene en el norte o en alguna capital es muy desigual al que se tiene en el sur o en una zona rural.
“No es el mismo acceso el que se tiene dependiendo de los ingresos, edades, e incluso dependiendo de la educación que se tiene”, puntualizó.
El presidente del IFT estacó proyectos en curso como la Red Compartida Mayorista que llevará conectividad a más de 92 por ciento de la población, además de la incorporación de figuras novedosas por parte del órgano regulador, como son las obligaciones de cobertura que se establecieron por ejemplo en la licitación de la banda 2.5 para llevar conectividad a 200 localidades de entre mil y 5 mil habitantes que hoy no cuentan con ingún tipo de conectividad.
También destacó que en dicha licitación se llevará conectividad a redes troncales de las Zonas Económicas Especiales, alineando las políticas de Estado para que haya un mayor acceso de la población.
Agregó que el IFT ha hecho su mejor esfuerzo para sensibilizar a los gobiernos locales acerca de la importancia que tienen las telecomunicaciones en el desarriollo social y personal y económico de las comunidades, pero señaló que compete a las autoridades locales asumir dicha responsabilidad.
Insistió en que la Ley General de Desarrollo Social prevé que las cuestiones de ordenamiento urbano no pueden ser un obstáculo para el despliegue de infraestructura a nivel local, pero recordó que de acuerdo con un estudio de la Organización para la Cooreración y el Desarrollo Económico (OCDE) presentado en 2012, en el país existen prácticas que están lejos de eso.
Detalló que en uso de sus facultades, la SCT ha emitido recomendaciones relacionadas con el despliegue a nivel local en distintos ordenes de gobierno, lo mismo que reglamentos modelo para estandarizar cómo debiera normarse esto.
Por ello, hizo un llamado a cumplir con la ley y a la ciudadanía para que esté atenta al proceso.
“Todos como debemos asumir nuestra responsabilidad y como ciudadanos debemos de estar observantes de que las autoridades cumplan con sus obligaciones y no impongan obstáculos al despliegue de infraestructura tan necesaria para esta conectividad en momentos como este”, señaló.
Fuente: jornada.com
