Durante el sexenio de Peña Nieto los actos de violación de derechos humanos estuvieron mayormente dirigidos a aquellos que se manifestaron en contra de las denominadas "reformas estructurales".
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se han registrado 2 mil 968 detenciones arbitrarias, 161 ejecuciones extrajudiciales, mil 173 actos violatorios de derechos humanos (VDH) y por lo menos 110 desapariciones forzadas; las cifras han convertido al periodo en uno de los más violentos en contra de los defensores de derechos humanos, que cada día enfrentan más obstáculos en el cumplimiento de su labor.
El incremento en la violencia, que comenzó con el sexenio de Felipe Calderón,ha sido denunciado por distintas organizaciones sociales que el día de ayer presentaron el 7 Informe “Defender los Derechos Humanos en México: El Sexenio de la Impunidad, Junio de 2017 a mayo de 2018″, divulgado por el Comité Cerezo, contando con la colaboración de las organizaciones Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (ACUDDEH AC) y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada.
El informe “revela la magnitud y gravedad de las violaciones de derechos humanos, cometidas por el Estado Mexicano en contra de las personas defensoras de derechos humanos” , destacando la responsabilidad y capacidad gubernamental para agredir y mantener la impunidad.
En el periodo que va del primero de junio del 2017 al 31 de mayo del 2018, se han producido 949 casos de violaciones de derechos humanos, gran parte de ellas dirigidas en contra de quienes han manifestado su rechazo a las reformas estructurales: el primer lugar fue ocupado por los 224 casos de personas que denunciaron la reforma educativa, el segundo lugar fue para los que ejercen su derecho a la protesta con 219 actos, mientras que el tercer lugar, con 74 actos, corresponde a los defensores de la tierra y el territorio.
El daño directo a través de la agresión física y emocional se ha consumado como el principal peligro; lo que han denunciado las organizaciones como la muestra del paso del uso de amenazas a la consumación de su intención, así como el aumento en la selectividad de la violencia.
En el acto de presentación en el que participaron representantes de diferentes organizaciones civil, Jan Jarab, representante en México de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México señaló que las agresiones no se comenten “en el vacío, ni son accidentales” sino que, provienen de actores privados y grupos criminales pero “también son parte de funcionarios públicos”.
“Las agresiones no son accidentales, los defensores de derechos humanosenfrentan amenazas o situaciones peores porque sus señalamientos y actividades suponen amenazas a intereses políticos y económicos”.
Por su parte Chanel Colorado, Coordinadora de incidencia y políticas públicas en Amnistía Internacional, destacó el esfuerzo realizado por las organizaciones e instó al nuevo gobierno vea en él, una oportunidad para actuar en favor de los y las defensores que ponen en peligro sus vidas debido a la falta de normalización de un entorno sin violencia.
En la presentación del séptimo informe estuvieron presentes Tannia Falconner, representante de la Fundación Rosa Luxemburgo, Miguel Concha Malo, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria OP, Ángeles Hernández de la RedTDT, Chasel Colorado represente de Amnistía Internacional, Alejandro Cerezo de ACUDDEH AC, Francisco Cerezo, coordinador del Comité Cerezo y Jan Jarab representante de las Naciones Unidas.
Fuente: sdpnoticias.com
