En lo que va de 2018 se han registrado diez asesinatos de defensores de los derechos humanos en México, cifra superior a los homicidios contra éstos presentados el año pasado.
Así lo informó la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), y alertó que de no revertir esa tendencia, nuestro país se puede convertir en el más peligroso para las y los defensores de estas garantías.
El organismo internacional emitió un pronunciamiento en el que condenó el asesinato, el pasado 8 de septiembre, de Margarito Díaz González, líder de la comunidad Wixárika de Nayarit, el décimo defensor víctima de homicidio en 2018.
La víctima, quien además era un líder espiritual, integraba la Unión Wixárika de Centros Ceremoniales de los estados de Jalisco, Durango y Nayarit, una asociación civil creada con el objetivo de proteger las rutas sagradas y los centros ceremoniales del pueblo Wixárika. En años pasados fue miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
El titular de la ONU-DH en México, Jan Jarab, indicó que este asesinato puede repercutir sobre los procesos comunitarios de defensa de los derechos humanos.
“En lo que va de 2018 ya registramos más asesinatos de personas defensoras que en todo el año pasado. Las y los defensores en México viven una situación crítica y como señaló Michel Forst, Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, es urgente detener y revertir la tendencia según la cual México podría acabar siendo el lugar más peligroso del mundo para las y los defensores de los derechos humanos”, dijo.
Del total de homicidios de defensores, seis casos son contra indígenas. A “estas cifras preocupantes”, agregó Jarab, se suma el caso del defensor Sergio Rivera Hernández, quien fue desaparecido en Puebla el 23 de agosto y hasta la fecha se desconoce su paradero.
“La ONU-DH hace un llamado a las autoridades correspondientes a realizar una investigación pronta, exhaustiva, diligente y eficaz, que incluya entre sus líneas la hipótesis relacionada con la labor de defensa de los derechos humanos del pueblo Wixárika. Se insta al Estado mexicano a reforzar las acciones dirigidas a la protección de las personas defensoras de derechos humanos y la prevención de las agresiones en su contra, resaltándose que la principal medida de prevención es la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de las agresiones”.
Fuente: jornada.com
