Las autoridades reportaron 21 mil 857 víctimas de asesinato en el país entre enero y agosto pasados, 20% más que en el periodo correspondiente de 2017, hasta ahora considerado el más sangriento de la historia reciente del país.
Cuando ceda la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, el próximo 1 de diciembre, Enrique Peña Nieto dejará un país en el que diariamente 90 personas se suman a las más de 238 mil víctimas de homicidio doloso registradas en México desde finales de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa lanzó al Ejército y las fuerzas federales a una “guerra contra el narcotráfico”.
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP) muestran el deterioro generalizado del país: 32 municipios de 19 estados sufrieron más de 100 asesinatos en los primeros ocho meses del año; en siete estados hubo más de mil homicidios durante este periodo, y en la mitad de las entidades federativas se perpetran más de dos homicidios dolosos por día.
En los últimos 12 años las administraciones de Calderón y Peña Nieto cuadruplicaron su gasto en las funciones de justicia, seguridad nacional y asuntos de orden público y de seguridad interior, que pasó de 82 mil 917 millones de pesos en 2006 a 261 mil 341 millones de pesos este año, de acuerdo con el anexo estadístico del Sexto Informe de Gobierno del priista.
Es decir que desde el lanzamiento de la “guerra contra el narcotráfico” la seguridad absorbió 2 billones 432 mil 856 millones de pesos del erario. Con estos recursos Calderón y Peña Nieto inflaron los aparatos de seguridad: las fuerzas de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) crecieron de 244 mil 238 militares en 2006 a 269 mil 738 actualmente; el número de policías federales se triplicó –de 11 mil 756 a 37 mil 331 en 2018– y la Procuraduría General de la República (PGR) incrementó su personal de 21 mil 755 a 26 mil 190 agentes.
Desde 2007 las fuerzas de seguridad detuvieron en promedio a 29 mil personas al año por delitos de narcotráfico, erradicaron un total de 328 mil hectáreas de cultivos ilícitos y capturaron o eliminaron a líderes de grupos criminales, de los cuales el gobierno de Peña Nieto lo hizo con 109 de los 122 “objetivos prioritarios” identificados al principio del sexenio.
En lugar de frenar la violencia, ésta se desbordó y erosionó la confianza de los mexicanos en las instituciones de seguridad: seis de cada 10 mexicanos consideran que estas dependencias son corruptas, de acuerdo con el Índice de Paz México 2018, que publicó el viernes 21 el Instituto para la Economía y la Paz.
A los más de 238 mil homicidios registrados desde 2007 –de acuerdo con un cálculo basado en las cifras del Inegi y el SESNSP– se suman más de 37 mil personas desaparecidas.
El Índice de Paz México 2018 estimó que, tan sólo en 2017, la violencia tuvo un impacto económico de 4 billones 72 mil millones de pesos, equivalente a 21% del Producto Interior Bruto (PIB) o una suma ocho veces mayor que la inversión pública en salud y siete veces superior a la inversión gubernamental en educación el año pasado.
Desbordamiento
En los últimos meses, Guanajuato se convirtió en la entidad más violenta del país: las autoridades registraron 2 mil 135 víctimas de homicidio doloso entre enero y agosto, un promedio de 8.8 por día, y un incremento de 139% respecto del mismo periodo del año pasado.
De acuerdo con las estadísticas de las procuradurías locales, Guanajuato incluso rebasó a Baja California, Guerrero y Chihuahua en materia de asesinatos, y 25 de los 37 municipios que conforman el estado sufrieron incrementos superiores a 100% en homicidios dolosos desde los primeros ocho meses del año pasado y el mismo lapso de 2018.
En Valle de Santiago, por ejemplo, las autoridades abrieron seis carpetas de investigación por homicidio doloso entre enero y agosto de 2017, y en el mismo periodo pero de este año ya abrieron 65, lo que representa un incremento de 983%. En Irapuato pasaron de 35 el año pasado a 211 en 2018.
Tan sólo el jueves pasado se cometieron en la entidad 21 asesinatos, entre ellos los de seis jóvenes que jugaban baraja afuera de una tienda de abarrotes.
Las autoridades guanajuatenses atribuyen la propagación de la violencia a la llegada del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) a la entidad y a la lucha de grupos criminales por el jugoso negocio del robo y trasiego de hidrocarburos de Pemex, delito que el año pasado le costó a la petrolera más de 30 mil millones de pesos.
En cuanto a Baja California, reportó 2 mil 37 asesinatos en los primeros ocho meses del año –40% más que el año pasado–; en Guerrero se registraron mil 707 víctimas de homicidio doloso; en el Estado de México, mil 674, y en Chihuahua, mil 582, según los datos oficiales.
Esta semana el país dio un paso más en el horror, cuando se difundió que, ante la saturación de las instalaciones del Instituto de Ciencias Forenses, el gobierno de Jalisco contrató tráileres refrigerantes para almacenar y mover centenares de cadáveres no identificados.
En ese estado, las autoridades registraron mil 468 víctimas de homicidio en lo que va de 2018 –un incremento de 42% respecto de 2017–, la mayoría de las cuales provenía de Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco, Zapopan y Tonalá.
Por municipios, Tijuana encabeza la lista de los más aquejados por la violencia: ahí se abrieron 2 mil 92 carpetas de investigación por homicidio doloso entre septiembre de 2017 y agosto pasado: un promedio de seis por día. En total, 12 de cada 10 mil tijuanenses fueron asesinados en 12 meses.
Siguen Ciudad Juárez, Acapulco, Cancún, Culiacán y Guadalajara, donde se perpetró al menos un asesinato cada día entre septiembre de 2017 y agosto pasado. En Juárez se abrieron 969 carpetas de investigación de ese tipo; en Cancún, 444, y en Guadalajara, 395, todo lo cual representa más de 80% respecto del año anterior.
De acuerdo con una revisión exhaustiva de la base de datos del SESNSP, en 82 municipios de más de 20 mil habitantes la tasa de homicidio doloso fue de 50 por cada 100 mil habitantes en el último año. De éstos, 15 se encontraban en Guerrero, 11 en Guanajuato, siete en Chihuahua, seis en Michoacán y cinco en Colima.
El fracaso
De acuerdo con el Índice de Paz México 2018, “ganar la guerra contra las drogas no es un objetivo de política viable para construir la paz” en el país.
Según el documento, a la par de que el gobierno federal continuó con la militarización del combate contra el narcotráfico, los grupos criminales de la delincuencia se apoderaron de nuevas actividades ilegales, como el tráfico de seres humanos, el robo de combustible de Pemex, la extracción ilícita de recursos naturales, las extorsiones y los secuestros, entre otros.
En un estudio anexo, el politólogo Guillermo Trejo, profesor en la Universidad estadunidense de Notre Dame, Indiana, sostuvo que en el marco de la guerra contra el narcotráfico “el crimen organizado ha pasado de cooptar a agentes estatales a apoderarse de trozos del Estado mismo”.
De acuerdo con el académico, los grupos criminales se apoderaron de “municipios enteros”, es decir, acapararon sus recursos públicos y los puestos clave en gobiernos municipales, como “las direcciones del catastro, la asignación de obras públicas, la regulación de actividades comerciales y las policías municipales”.
Concluye: “Probablemente en México llegó el momento de voltear hacia esquemas más audaces de justicia extraordinaria, en los cuales la cooperación internacional es de vital importancia para hacerse de instrumentos institucionales para ponerle fin a este largo ciclo de violencia criminal que está acabando con generaciones enteras”.
Este texto se publicó en la edición 2186 de la revista Proceso del 23 de septiembre de 2018.
Fuente: proceso.com
