El Servicio de Administración Tributaria (SAT) no entregó información fundamental para investigar al exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz y a su padre Humberto Medina Ainslie, quien –asegura- era el que realmente operaba las finanzas estatales, cuenta Ernesto Canales Santos, fiscal Anticorrupción en esta entidad.
Canales presentó hace unos días su libro “¿Cómo nos Arreglamos?”, bajo el sello de Editorial Grijalbo. En el texto cuenta su trayectoria, se defiende de sus detractores y habla de los obstáculos que ha tenido que sortear para intentar meter a la cárcel a Medina y a un grupo de sus colaboradores.
En entrevista, el impulsor del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y productor del documental “Presunto Culpable” -un exitoso video reportaje que denuncia las injusticias sistema penal mexicano-, confiesa la Fiscalía a su cargo ha enfrentado serios retos, como la escasez de recursos, la falta de capacitación del personal para atacar los crímenes de cuello blanco y la nula disposición de distintas dependencias para proveerlos de información útil para encausar sus investigaciones.
En particular, dice, la resistencia de dependencia federales para entregar información financiera relevante con las que se podrían sustentar las acusaciones.
Según el fiscal Anticorrupción, esto último fue lo que atoró las indagatorias iniciadas contra el exgobernador Rodrigo Medina y su padre.
“Las investigaciones para acusar a Medina por delitos de corrupción se empantanaron por la falta de acceso a las transacciones particulares y de las empresas involucradas en la devolución de sobreprecios a los funcionarios públicos”, asegura.
El también fundador de Renace, un despacho sin fines de lucro que defiende legalmente a personas de escasos recursos económicos, recuerda que para conseguir información financiera clave dependía de diversas instancias federales, pero éstas en lugar de suministrar la información se encargaron de “proteger” a Medina.
“No pudimos obtener auditorías o declaraciones de impuestos de empresas y personas físicas implicadas, pese a las gestiones realizadas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), entre otros organismos”, destaca.
La carencia de información financiera, cuenta Santos Canales, lo obligó a seguir los pasos del personaje Eliot Ness, cuando intentaba capturar a Al Capone, acusarlo por delitos menores mientras se conseguían más pruebas.
Actualmente, Rodrigo Medina está vinculado a proceso por otorgar estímulos fiscales superiores a los permitidos por la Ley a la armadora coreana Kia, aunque los amparos interpuestos por sus abogados han retrasado la resolución y, por ende, impedido que sea condenado.
El exgobernador se defiende de ese delito con el argumento que él firmó los convenios y beneficios para Kia como “testigo de honor” y achaca a sus entonces subordinados la responsabilidad de violentar la ley.
Canales Santos mencionó que aceptó la invitación que le hizo Fernando Elizondo de convertirse en Fiscal Anticorrupción porque los Juicios Orales le permiten blindarse de dar la cara en los juicios y así zafarse de los “rencores personales” de los acusados.
“Al llevar los casos de manera abierta la población conoce las pruebas y los arrogantes funcionarios, que normalmente se ponen muy gallitos, quedan contra la pared. Lo abierto del nuevo proceso, en pruebas y alegatos, están a la vista de todos, cualquiera puede tener la misma información que el juez”, dice.
Añade que el Nuevo Sistema Penal obliga a evitar acusaciones y juicios mediáticos que condenan fácilmente a “funcionarios corruptos”, pero que posteriormente resultan difíciles de sostener con pruebas sólidas ante los jueces, como el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
Pese a todos los obstáculos, el Fiscal Anticorrupción refiere que a la fecha han recibido 170 denuncias contra exfuncionarios, de las cuales se han logrado judicializar 27 casos. Además, se ha logrado imputar 59 acusaciones que involucraron a 33 funcionarios y vincular a proceso a 28 de ellos.
Abogado de Paula Cusi
En su libro, Ernesto Canales se defiende de las acusaciones que se ganó por defender el caso de Paula Cusi, viuda de Emilio Azcárraga, el principal accionista de Televisa.
Paula Cusi contrató a Ernesto Canales para demandar una herencia que le había dejado su esposo en “testamento público”. “Al final del juicio hereditario, que llevaba siete años, cuando todo apuntaba a que le reconocerían en el juicio más de 700 millones de dólares para mi cliente, los abogados de Televisa orquestaron, bajo el sistema penal anterior su arresto en secreto y la obligaron a que vendiera a Emilio Azcárraga Jean sus derechos hereditarios por 50 mil pesos”, narra en el libro.
“Para ella y para mí fue una historia de terror que justificaba todos los esfuerzos para cambiar las reglas penales”, dice Canales Santos.
Fuente: proceso.com
