El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 321 votos a favor, 124 en contra y una abstención, el dictamen de la Ley Federal de Austeridad Republicana, remitido por el Senado de la República.
El dictamen de las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda y Crédito Público fue avalado por la mayoría de Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
En tanto que votaron en contra los legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento Ciudadano, mientras que el diputado sin partido, Carlos Morales, se abstuvo.
El dictamen expide la Ley Federal de Austeridad Republicana y modifica las leyes general de Responsabilidad Administrativa y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
A nombre de la Comisión de Presupuesto, el morenista Erasmo González Robledo sustentó el dictamen, en el que destaca la limitante de 10 años para que un servidor público de mando superior en adelante pueda ocupar puestos en alguna empresa que haya supervisado, regulado u obtenido información privilegiada.
Erasmo González Robledo explicó que en el tema de la prohibición se considera como información privilegiada la que obtenga el servidor público con motivo de sus funciones y que no sean del dominio público.
Dijo que el dictamen, que posteriormente fue aprobado también en lo particular, busca garantizar que la política de austeridad republicana “persevere en el tiempo” y regular las acciones de austeridad aplicables al gasto público, así como contribuir a la aplicación de una administración eficaz de los recursos públicos.
Asimismo, dijo que se considera como falta grave toda violación a las disposiciones sobre fideicomisos establecidos en la Ley Federal de Austeridad Republicana, y subrayó que el objetivo último de esta ley es afianzar el desarrollo del país en el camino de la transparencia y la igualdad.
Los diputados del PAN, PRI y PRD cuestionaron la prohibición de 10 años para que los altos funcionarios se desempeñen en empresas relacionadas al cargo que tuviesen, mientras que Morena aseguró que con esta ley se eliminan décadas de gobiernos despilfarradores y corruptos.
En el debate, la oposición calificó como un exceso la prohibición, incluso al arrancar la discusión en lo particular, la diputada de Morena, Tatiana Clouthier, coincidió y propuso llevar esa determinación a un punto intermedio de cinco años, pero se desechó su propuesta por 272 votos de sus compañeros de bancada.
La diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta del Río, aseguró que esta legislación permitirá tener un gobierno republicano eficiente, austero y terminar con la “burocracia dorada, que llena de lujos y oropel y toda esa faraónica parafernalia, lastimó enormemente al país y la propia imagen de todos los poderes”.
Mencionó que la ley permitirá redirigir los recursos presupuestarios necesarios para combatir la pobreza y extender el bienestar de todos los sectores de la sociedad, “situación que no se veía en administraciones pasadas”.
Forbes
