El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca informó a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, que no acatará la recomendación 07/2022 emitida a favor de una mujer indígena y madre soltera que fue sometida a cinco procesos penales y privada de la libertad por un año y nueve meses, en las condiciones más vulnerables e insalubres.
La mujer víctima fue absuelta por los jueces federales que le concedieron cinco amparos. Al recuperar su libertad, presentó una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
Más de ocho años de investigación transcurrieron para que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, emitiera la recomendación 07/2022 en la que determinó que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado Oaxaca y el Fiscal General de Oaxaca violaron los derechos humanos de la mujer indígena quejosa.
Ante esta circunstancia, el licenciado Eduardo Pinacho Sánchez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, comunicó a la Defensoría que no acepta la recomendación, no obstante la declaración de violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de la víctima.
Ahora, se espera que el Congreso de Oaxaca cite al magistrado presidente Eduardo Pinacho para explicar por qué razón no aceptó la recomendación, en términos de lo que dispone el artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal.
Mientras tanto, la víctima acudirá ante la Sala Constitucional a promover un juicio de protección a los derechos humanos y para solicitar la reparación integral del daño, lo que se considerará infructuoso en virtud de que la Sala Constitucional forma parte del propio Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca.
No pasa desapercibido el hecho de que, bajo la misma línea que el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el fiscal general del Estado de Oaxaca presentó un oficio firmado por Marcelino Pedro Sosa Gutiérrez, director de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, quien además es catedrático de la UABJO, simulando la aceptación de la recomendación.
Lo anterior denota la resistencia de las autoridades mencionadas para acatar las recomendaciones de la Defensoría de Derechos Humanos. No nos queda más que esperar a que la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca emita una determinación. En lo que esto acontece, la víctima, quedará más tiempo en espera de la reparación integral a la que tiene derecho.
