A diez años de que se acordó depurar a las fuerzas de seguridad, la situación es dramática en algunos estados, donde el porcentaje de policías reprobados en control de confianza va de 20 hasta 50%.
La depuración de las corporaciones policiales en México, prometida desde hace diez años como una medida para mejorar la seguridad y permitir el regreso de las fuerzas armadas a los cuarteles, no ha podido completarse hasta la fecha.
Actualmente, 1 de cada 10 policías (estatales y municipales) sigue en activo pese a haber reprobado las pruebas de control de confianza, y la cuarta parte de todos los agentes necesitan ser evaluados nuevamente pues sus certificados ya caducaron.
Los datos de seguimiento al Proceso de Evaluación de Control de Confianza del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reflejan un estancamiento en este procedimiento. Desde hace un año se reportaba que casi 30 mil de los más de 300 mil policías en activo debería ser dado de baja por reprobar el proceso de evaluación, y hoy el porcentaje es casi el mismo.
Pero además se ha incrementado a casi 25 % el porcentaje de los agentes cuya aprobación ya perdió su vigencia.
De acuerdo con las cifras oficiales, en México hay un estado de fuerza de 334 mil 688 policías preventivos locales, entre estatales y municipales. De ellos solo 255 mil 632 se encuentran en una situación regular al haber presentado y aprobado los exámenes de control de confianza, que incluyen pruebas con polígrafo (detector de mentiras), toxicológicas, de conocimientos, entre otras.
En cambio, hay más de 79 mil agentes en activo que se encuentran en una situación irregular por causas distintas.
La situación anómala más común es en la que se encuentran poco más de 30 mil policías cuya aprobación ya no se encuentra vigente. Se trata de elementos que en un determinado momento superaron las pruebas y obtuvieron una certificación que por ley tiene vigencia de dos años. Sin embargo, dicha certificación ya caducó y tienen que ser evaluados nuevamente, algo que hasta el momento no ha ocurrido por lo que no hay certeza de que sean elementos confiables.
Por otro lado se encuentra la situación más grave: la de 28 mil 968 elementos (más del 9 por ciento de todos los policías) quienes ya fueron evaluados pero que reprobaron el proceso. Estas personas no pueden ser, por ley, policías de ninguna secretaría de Seguridad Pública. No obstante se mantienen en activo. Es decir, no deberían ser policías pero siguen trabajando como tales.
Las autoridades han explicado a Animal Político que la razón por la cual dichos elementos no son dados de baja varía en cada estado, aunque entre los factores comunes se encuentra desde la interposición de amparos para no ser corridos, hasta la falta de presupuesto de los gobiernos responsables para finiquitarlos y reclutar nuevos elementos.
Otro caso distinto es el de 7 mil 449 policías ya evaluados pero en donde no se conoce el resultado, y a ellos se suman 4 mil 707 más que hasta la fecha de corte del referido reporte (octubre 2018) ni siquiera habían sido evaluados todavía.
Cabe señalar que estos datos incluyen tanto a policías municipales así como a los estatales asignados a labores preventivas, los de investigación ministerial y los asignados a la seguridad de los reclusorios.
Las policías más atrasadas
A nivel nacional, existe un promedio de un policía por cada diez en activo que no debería seguir en funciones al no superar el control de confianza. Pero hay estados donde la falta de depuración es mucho más grave.
El caso más preocupante es el de Sinaloa, donde el 50 % de sus agentes estatales y municipales sigue en activo pese a no haber superado las evaluaciones.
Esto es lo mismo que decir que en dicho estado 1 de cada 2 policías no es confiable. A esto hay que sumarle que, en general, el porcentaje de todos los policías locales en Sinaloa con una certificación vigente es de apenas 43 %.
Le siguen en gravedad dos estados donde el porcentaje de policías reprobados en activo es superior al 30 %: Baja California Sur con 35 % y Nayarit con 31 %. Esto equivale a un promedio de 1 de cada 3 policías que no debería serlo. En estos estados menos del 60 % de los policías locales cuenta con una evaluación vigente.
Después se ubica Zacatecas con el 24 % de su fuerza policial total reprobada, y Guerrero con 23 %, lo equivale a un promedio de 1 de cada 4 policías que no es confiable en esas entidades. En el caso de Guerrero, con la suma de pruebas no aplicadas o caducas se obtiene un porcentaje de apenas 48 % de policías confiables en activo. Es menos de la mitad del estado de fuerza total.
Los casos de Sinaloa y Guerrero son especialmente graves ya que se trata de dos entidades federativas que se encuentran en los primeros sitios en cuanto a deterioro de la seguridad, a causa de sus elevadas tasas de homicidio doloso.
Y a los casos anteriores se suman diez entidades que reportan un porcentaje de 10 a 20 % de policías no confiables en activo. Se trata de Hidalgo, Sonora, Tlaxcala, San Luis Potosí, Veracruz, Jalisco, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Michoacán.
Por el contrario, hay algunos estados que reportan avances superiores al 90 por ciento en su proceso de depuración, sin que llegue a existir alguno que lo haya consumado al cien por ciento.
Campeche es la entidad que reporta los mejores indicadores al señalar que no tiene ni un solo policía reprobado en activo y que el 98 % de sus policías locales cuentan con una certificación vigente. Querétaro reporta una situación similar: solo 1 por ciento de policías reprobados en activo y un 93 por ciento de elementos con aprobación vigente.
En el caso de Ciudad de Ciudad de México se reporta solo un 2 % de agentes reprobados en activo. Los datos muestran además que el 91 % de todos los elementos capitalinos cuentan con pruebas de control de confianza aprobadas y vigentes.
A nivel federal, tampoco se ha cumplido
En México hay cuatro corporaciones federales en donde también existe la obligación de depurar a la fuerza operativa con controles de confianza: la PGR, Policía Federal, el Instituto Nacional de Migración (INM) , y los agentes asignados a penales federales (OADPRS). Y en este nivel la meta tampoco se ha alcanzado.
La estadística del SESNSP muestra que, en conjunto, estas instituciones agrupan a 65 mil 467 elementos pero de ellos, solo el 74 % (48 mil 373) cuenta con una aprobación vigente.
El rezago más grave se encuentra en la seguridad de los penales federales, en donde si bien en su momento se reportó que el 90 % de los elementos fueron evaluados positivamente, hoy menos de la mitad (44 %) tiene un certificado vigente.
En el caso del INM se reporta que solo el 59 % de los 4 mil 465 agentes cuenta con una aprobación vigente.
Y en el caso de la Policía Federal los datos muestran que si bien fueron evaluados los más de 41 mil elementos de esta corporación, actualmente solo el 77 % de los elementos tiene una aprobación vigente. Esto significa que necesitan ser revaluados al menos 1 de cada 5 policías federales para que puedan ser considerados, legalmente, como elementos confiables.
Larga promesa incumplida
Desde 2008, en el sexenio del presidente Felipe Calderón, se acordó con los gobernadores de los estados la necesidad de llevar a cabo procesos de depuración de las fuerzas policiales como un paso para recuperar la seguridad pública. Así quedó plasmado en el llamado Acuerdo Nacional por la Seguridad, Justicia y Legalidad publicado en el Diario Oficial en agosto de aquel año.
Un año después, en el 2009, se plasmó en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública la obligación de que los elementos de las instituciones de policía estén plenamente certificados en sus capacidades con evaluaciones como las de control de confianza. Sin ello no se puede desempeñar el trabajo de policía en México.
Pero a diez años de distancia este proceso nunca ha concluido. Organizaciones como Causa en Común que dirige María Elena Morera han advertido en distintas ocasiones sobre la lentitud de estos procedimientos y la necesidad de que se apliquen para contar con corporaciones policiales confiables.
Recientemente, al anunciar su plan de seguridad, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador sostuvo que México padece la falta de instituciones de seguridad pública confiables, motivo por el cual se optaría por crear una nueva institución (la Guardia Nacional), de corte y formación militar a para apoyar en las labores de seguridad.
Expertos y activistas como la propia Morera han advertido que aun cuando el diagnóstico es correcto, la solución no es apropiada pues se debe continuar con el fortalecimiento y depuración de las corporaciones de policía estatales, tarea para la cual se han invertido hasta ahora miles de millones de pesos.
Fuente: animalpolitico.com
