Con la creación de la Ley Estatal de Víctimas, Oaxaca transita hacia una justicia que privilegie los derechos de quienes han sido objeto de algún acto delictivo.
El nuevo marco jurídico establece la obligación en sus respectivas competencias, a la autoridad estatal y a las municipales, así como a cualquiera de sus dependencias, organismos o instituciones públicas y privadas, a que velen por la protección de las víctimas.
Con la normativa aprobada en el Congreso del Estado por la LXIII Legislatura, se establece la obligatoriedad de las instituciones para proporcionar ayuda, asistencia y reparación integral del daño causado. Asimismo deberán brindar atención inmediata en materia de salud, educación y asistencia social a las o los afectados.
Según reportes de la estadística de Incidencia Delictiva Nacional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de la Secretaría de Gobernación, en el estado se cometieron 90 delitos diarios en el 2017.
Derivado de la creación de esta nueva ley, las instituciones que no cumplan con lo establecido quedarán sujetas a las responsabilidades administrativas, civiles o penales que haya lugar.
Algunos de los delitos que en Oaxaca han sido señalados dentro de un “mar de impunidad”, derivado de la insensibilidad institucional es el feminicidio, de diciembre del 2010 a mayo del 2017 fueron asesinadas en Oaxaca 628 mujeres, duro contraste a los números de sentencias condenatorias, los cuales apenas ascendieron a ocho durante el periodo comprendido entre el 2012 y 2017.
A los feminicidios, en Oaxaca se le suman aquellos o aquellas que han sido víctimas de secuestro, asaltos y violación a sus Derechos Humanos, los cuales también estarán respaldados por el Sistema Estatal de Atención a Víctimas, el cual contará con una comisión ejecutiva estatal para asistir y reparar el daño.
