Dos fallecimientos ocurridos en Colombia a principios de este mes enturbian aún más el caso Odebrecht, que actualmente se ventila en tribunales de aquella nación. Jorge Enrique Pizano, excontralor de una empresa bajo sospecha de corrupción –para la asignación de una obra pública de muchos millones de dólares al consorcio brasileño–, quien había hecho público que temía por su vida, murió aparentemente de un infarto el jueves 8. Tres días después su hijo Alejandro –quien había viajado desde España para el funeral– falleció envenenado tras beber de una botella de agua que estaba en el escritorio de su padre…
Jorge Enrique Pizano, excontralor interno de un consorcio del que formaba parte la constructora brasileña Odebrecht en Colombia, tenía la certeza de que pronto iba a morir.
No sólo porque padecía cáncer linfático desde hacía dos años, sino por su papel como testigo central en las investigaciones por sobornos contra la multinacional brasileña y su asociada en Colombia, Corficolombiana, filial del Grupo Aval, el mayor conglomerado empresarial de este país.
Pizano sabía de los enormes intereses que tocaba con sus denuncias y, según allegados a la familia que hablaron con Proceso, temía más a la furia que sus acusaciones pudieran desatar “entre gente muy poderosa”, que al mismo cáncer. En agosto pasado, se percató de que desconocidos le hacían “seguimientos” en autos y motocicletas.
De esto, y de su temor a sufrir un atentado, puso al tanto a su familia y a varios periodistas a los que buscó para denunciar, con mucha documentación de soporte, las “irregularidades” que había detectado como contralor interno de la concesionaria Ruta del Sol II.
Esa empresa –en la que Odebrecht tenía 62% de las acciones, Corficolombiana 33% y la constructora Solarte 5%– resultó a la postre el epicentro del entramado de corrupción que montó la cuestionada constructora brasileña en Colombia para obtener contratos de obra pública.
Y el principal testigo del modus operandi de esa red criminal era precisamente Jorge Enrique Pizano, quien desde 2013 había alertado a altos ejecutivos del Grupo Aval sobre las irregularidades de Odebrecht.
En los documentos, conversaciones por WhatsApp, grabaciones de audio y copias de correos electrónicos que Pizano entregó a varios periodistas, queda claro que sus denuncias de que las anómalas transacciones por millones de dólares podrían ser sobornos, fueron ignoradas.
Incluso se aseguró de que sus hallazgos fueran conocidos por Luis Carlos Sarmiento Angulo, presidente del Grupo Aval y, según la lista Forbes, el hombre más acaudalado de Colombia, con una fortuna de 11 mil 200 millones de dólares.
Su conducto para enterar al magnate de lo que ocurría en Ruta del Sol II fue el abogado del Grupo Aval, Néstor Humberto Martínez, con quien se reunió el 19 de agosto de 2015.
Entonces Martínez era amigo de Pizano y hacía campaña para convertirse en fiscal general, lo que un año después logró, pese a las múltiples voces que advirtieron que sus estrechos nexos con los poderes económico y político le impedirían cumplir esa función con imparcialidad.
En una reunión posterior, Martínez le dijo a Pizano que ya había llevado su mensaje a Sarmiento Angulo y que se quedara “quieto, quieto”, según se escucha en una de las conversaciones que el contralor comenzó a grabar con su iPad cuando intuyó que sus denuncias caían en el vacío.
En una grabación se escucha a Martínez referirse a delitos que, según un abogado penalista al que consultó, habría cometido Odebrecht: “Soborno, lavado de activos, falsedad en documento privado, administración desleal, abuso de confianza, estafa, hurto agravado, peculado por apropiación…”, enumera.
Testigo clave
El testimonio de Pizano resultaría fundamental para determinar si el fiscal Martínez y el Grupo Aval han mentido al afirmar que sólo se enteraron de las operaciones ilegales de Odebrecht el 21 de diciembre de 2016, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una investigación sobre la red de corrupción de la constructora brasileña en varios países de América Latina.
Pizano también sería testigo clave para establecer si el grupo empresarial colombiano fue cómplice o no de Odebrecht en las corruptelas que le permitieron obtener el contrato por mil 200 millones de dólares para construir la autopista Ruta del Sol II, la obra pública más costosa en la historia de este país.
Y además, las pruebas que recopiló el excontralor interno de la concesionaria –y su conocimiento de primera mano del caso– serían determinantes para saber si el actual fiscal general de Colombia omitió eventuales ilícitos y ha buscado proteger a su antiguo patrón.
“Ellos sabían que había muchas cosas raras pasando desde 2013”, le dijo Pizano a María Jimena Duzán, columnista de la revista Semana, con quien se encontró varias veces durante los últimos seis meses.
Tanto a ella como al resto de periodistas con los que se reunió, les pidió hacer públicas sus denuncias sólo después de que muriera o hasta que viajara a Estados Unidos en calidad de testigo del caso Odebrecht, para lo cual había sostenido encuentros con agentes del FBI en Bogotá.
Pero Jorge Enrique Pizano ya no alcanzó a viajar a Estados Unidos. El jueves 8 murió súbitamente, mientras se afeitaba, en el baño de su finca, cerca de Bogotá. La autopsia señaló que la causa de su deceso fue un infarto al miocardio. Tenía 57 años.
En un primer momento su esposa, Inés Elvira Ponce de León, pensó que el infarto pudo haber sido producto de las presiones a las que había estado sometido durante los últimos meses, pero otro suceso extraño y doloroso hizo que afloraran en ella todas las dudas del mundo. Así se lo hizo saber a familiares cercanos.
El domingo 11, tres días después de la muerte de Jorge Enrique Pizano, su hijo Alejandro, un arquitecto radicado en España y quien había viajado a Colombia para asistir al funeral, comenzó a convulsionarse y a arrojar espuma por la boca tras beber de una botella de agua que estaba en el escritorio de su padre.
Una hora después, Alejandro, quien se había propuesto revelar al país todo lo que su padre sabía, murió en el mismo centro de salud al que había sido llevado Jorge Enrique tras sufrir el infarto.
El agua que bebió, según el peritaje forense, contenía cianuro. El joven de 31 años murió envenenado.
El lunes 12, el noticiario de televisión Noticias Uno transmitió una entrevista con Jorge Enrique Pizano, grabada el pasado agosto.
En ella, el excontralor denunció que había enterado desde agosto de 2015 al hoy fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, de los manejos irregulares en Ruta del Sol II.
Pizano, un ingeniero civil con amplia experiencia gerencial y administrativa, relató que se había vuelto “incómodo para muchas personas” y dijo que existía un “complot” en contra de su “integridad como persona”.
La oposición pidió la inmediata renuncia del fiscal, pero los partidos tradicionales y el gobernante Centro Democrático cerraron filas con él.
El senador del izquierdista Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, quien siempre se opuso a que Martínez fuera elegido fiscal por la Corte Suprema, plantea que su permanencia en ese cargo es “insostenible”.
“La plata de Odebrecht suena en los bolsillos del fiscal, pero lo van a sostener ahí porque lo pusieron para proteger al ciudadano más rico de este país, el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo”, afirma Robledo en entrevista.
El legislador dice tener “la certeza” de que el Grupo Aval es “cómplice de Odebrecht en la conspiración criminal que se montó en Ruta del Sol II para sobornar a funcionarios y políticos”.
José Elías Melo, expresidente de la filial del Grupo Aval, Corficolombiana, asociada de Odebrecht en Ruta del Sol II, está procesado por participar en el entramado de sobornos.
Robledo sostiene que “es increíble” que Melo, por su cuenta y sin conocimiento del Grupo Aval, haya decidido transferir millones de dólares en sobornos para asegurar un negocio que no lo iba a favorecer a él sino al conglomerado empresarial de Sarmiento Angulo.
“Me van a matar”
El miércoles 7 Jorge Enrique Pizano habló por teléfono con Andrés Hernández, asesor del senador y excandidato presidencial Gustavo Petro y a quien el excontralor había entregado decenas de documentos sobre las transferencias irregulares en Ruta del Sol II.
“Lo noté muy nervioso. Me dijo: ‘Andrés, tengo miedo, yo sé que me van a matar’. Y me comentó que un día antes había recibido una llamada muy amenazante”, recuerda Hernández.
Agrega que durante sus encuentros y charlas telefónicas con Pizano, éste le comentó más de una vez: “En esto está metida gente más poderosa que el fiscal”.
Pizano tenía razones para estar triste y deprimido. Padecía cáncer linfático y el tratamiento era extenuante y muy costoso. Además, en octubre de 2017, paradójicamente, la fiscalía lo llamó a juicio pues estaba acusado de recibir sobornos de Odebrecht en la adjudicación de una obra mientras se desempeñaba, en 2009, como gerente de la Empresa de Acueducto de Bogotá.
Y en noviembre del año pasado se había quedado sin trabajo y tuvo que hipotecar su departamento en un sector residencial de Bogotá para solventar los gastos de la familia y de su defensa legal.
La posibilidad de que agentes de la fiscalía se presentaran a detenerlo atormentó a Pizano los últimos meses de su vida. Llegó incluso a comentarle a su familia que, antes de que ello ocurriera, se pegaría un tiro en cabeza.
En contraste, estaba ansioso por ser testigo en el caso contra Ruta del Sol II. La fiscal a cargo del proceso, Amparo Cerón, le dijo a principios de este año que quería su testimonio en el juicio contra José Elías Melo, el expresidente de Corficolombiana.
El 15 de agosto se volvió a reunir con la fiscal para ultimar detalles de su participación en el juicio.
Ese día le escribió un chat a María Jimena Duzán en el que le comentó que Cerón le había dicho que la tenían “presionada” y que ella le había sugerido que solicitara protección a las autoridades, lo cual hizo, aunque nunca llegó a tener un esquema oficial.
El mes pasado Cerón viajó a Chile con algunos familiares en plan vacacional y allá sufrió un accidente de tránsito que la mantuvo 15 días inconsciente y que la tiene hasta hoy convaleciente.
Pizano comentó a su familia que él no creía en la versión del accidente y que alguien debería investigar “lo que realmente ocurrió”.
“Muchas dudas”
El miércoles 7, víspera de la muerte de Jorge Enrique Pizano, su esposa lo notó especialmente deprimido.
El jueves 8 se levantó temprano. Mientras se afeitaba cayó al suelo. Cuando su esposa lo encontró, aún respiraba pero llegó sin signos vitales a un centro de salud al que fue trasladado.
El sábado 10 fue sepultado en una ceremonia familiar encabezada por su esposa Inés y sus hijos Juanita, María Carolina y Alejandro. Los dos últimos habían llegado un día antes desde España, donde radicaban.
La tarde del domingo 11, Alejandro, un arquitecto recién casado y cuya esposa, Eugenia Gómez, tiene cinco meses de embarazo, se puso la bata y un reloj de su padre.
Al acercarse al escritorio de Jorge Enrique, bebió un par de tragos de una botella de agua sabor limón que encontró junto al teclado de la computadora. El cianuro que contenía el líquido le causó la muerte media hora después.
Nadie en la familia recuerda haber visto la botella tras la muerte de Jorge Enrique, aunque tampoco nadie puede afirmar que no estaba.
Una persona allegada a la familia dice que “hay muchas dudas” sobre las dos muertes y que la investigación de la fiscalía debe ser “impecable y objetiva”.
La viuda y sus hijas divulgaron el lunes 19 un comunicado en el que expresan su “confianza” en la investigación, pero ello ocurrió luego de que fueran “asesoradas” por un periodista muy cercano al fiscal, según reveló la directora de Noticias Uno, Cecilia Orozco.
El sepelio de Alejandro Pizano se realizó el miércoles 14 en Bogotá. Una de las personas que cargó el féretro fue Humberto Martínez, hijo del fiscal general y quien era muy amigo del fallecido arquitecto.
La Fiscalía asegura que, según peritajes forenses, el cuerpo de Jorge Enrique Pizano no contenía rastros de cianuro.
El domingo 18, peritos de la fiscalía encontraron un recipiente con cianuro en uno de los baños de la finca donde murió el excontralor de Ruta del Sol II. El envase, según la institución judicial, contiene ADN del excontralor.
Debido a las suspicacias que generan las investigaciones de la fiscalía, la Corte Suprema de Justicia nombrará un fiscal ad hoc (independiente) en los próximos días para asumir las investigaciones del caso Odebrecht.
En el último mensaje que le envió por WhatsApp a Cecilia Orozco, Pizano hace una dura afirmación: “Ya le llegará la hora a NHMN (Néstor Humberto Martínez Neira) quien con LCSA (Luis Carlos Sarmiento Angulo) y un sector político manejan todo a su antojo”, escribió.
Este reportaje se publicó el 30 de noviembre de 2018 en la edición 2195 de la revista Proceso.
Fuente: proceso.com
