En Oceanía, como en cualquier parte del mundo, hay consumidores de cocaína y metanfetaminas. Los cárteles mexicanos lo saben y hace tiempo comenzaron la conquista de aquellas tierras, al otro lado del mundo. Un caso –un cargamento de droga interceptado en Nueva Zelanda y que llevó a la condena de un connacional– ilustra este fenómeno de globalización criminal, conocido también en Australia desde hace casi una década.
Los narcotraficantes mexicanos distribuyen cocaína y metanfetaminas a las bandas locales de Australia y Nueva Zelanda. Uno de esos grupos locales fue desarticulado por las autoridades neozelandesas en julio de 2016, en el mayor decomiso de cocaína realizado en ese país.
El 10 de mayo de 2016, una escultura –una cabeza de caballo de bronce, de más de 330 kilos– llegó a Auckland, en el noreste neozelandés, vía Hong Kong. En su interior iban también 35 kilos de cocaína –en bolsas de un kilo–, valuados en unos 14 millones de dólares.
Según documentos consultados por Proceso, la operación de pantalla consistía en exportar la escultura para exhibirla en el Centro ANZ, en Auckland, y también financiar un negocio en esa nación. “La intención en Nueva Zelanda era abrir un negocio de pinturas. Los involucrados iban a aportar capital”, refiere a este semanario Gabriel Hernández, abogado del mexicano Manuel Suárez Juárez, ahora preso en aquella ciudad.
En México, Ivette Anahí González Castañeda se puso en contacto con Gonzalo Rivera Pavón, un cantinero residente en Christchurch –sur de Nueva Zelanda–, y con Dominico Tolentino, también residente en esa urbe, para trasladar y recoger la escultura.
El 5 de mayo de 2016 González envió la estatua por paquetería privada –guía de rastreo 7704826791–, que llegó a su destino cinco días después. En declaraciones al diario local The Weekend Herald, Rivera, exonerado en mayo de 2017 por las autoridades neozelandesas, relató que “me contactó un amigo de la familia con quien estudié en la universidad, para ver si podía ayudar a una amiga a importar una pieza artística y poder ganar un poco de dinero”.
La empresa Envíos de Altura, con sede en Cuajimalpa, despachó la estatua, de aproximadamente un metro de altura y valuada en 656 mil 200 pesos, y cuya factura fue extendida a nombre de Gustavo Ciriaco Jiménez, radicado en Huehuetoca, Estado de México.
González y Rivera recogieron la encomienda, pagaron impuestos, trasladaron la pieza y rentaron una bodega. Luego ella regresó a México.
Al mismo tiempo, otro grupo se preparaba para movilizar la droga a Oceanía. En un testimonio enviado a Proceso, Suárez relata que un individuo llamado Frank, Rafael Amor Lamprecht y Manuel Villagrán lo enviaron a Nueva Zelanda.
Suárez indica que González Castañeda los presentó. Él “exportaba legumbres y frutas a Estados Unidos. En ese ir y venir conoció a mucha gente”, incluyendo a Amor Lamprecht.
A medio camino
La estatua llegó a Nueva Zelanda antes de que el estadunidense Ronald Wayne Cook, de 58 años, y Suárez, de 46, lo hicieran el 31 de mayo de 2016, provenientes de Hawái. A la mañana siguiente, compraron herramientas para abrir la cabeza de caballo.
El 3 de junio rentaron una casa en Lyndhurst Road, en el suburbio de Te Atatu, en cuya cochera quedó la escultura. A la mañana siguiente abandonaron Nueva Zelanda.
Ambos regresaron el 30 de junio de 2016 y se hospedaron en el hotel Crowne Plaza. A la mañana siguiente desayunaron con David, el posible comprador del cargamento e identificado posteriormente como el texano Henry Anchondo.
Más tarde volvieron a la casa en Te Atatu, donde las grabaciones de la autoridad revelaron sus intentos por cortar la base de la cabeza del caballo. Finalmente abrieron la pieza y extrajeron los 35 paquetes.
Suárez involucró a Cook, a quien había conocido en negocios legítimos compartidos y a quien le ofreció 50 mil dólares por su participación, según lo consigna el expediente de la sentencia CRI-2016-092-007446 dictada por la juez Sarah Katz, del Tribunal Superior de Auckland.
Pero el grupo ignoraba que la oficina de Aduanas y la policía neozelandesa ya habían interceptado el envío, habían sustituido la droga con harina y habían implantado un transmisor en un paquete en el que dejaron unos gramos de coca. Se trató de la Operación Azteca.
El expediente judicial reveló que tres sujetos –El Padrino, Silverio y El Artista– planearon el contrabando. El primero sería el líder del grupo; el segundo, el mayor inversionista; el tercero escondió la droga en la cabeza del caballo.
En Auckland, Suárez mantuvo también contacto con un tal Suzuki, otro posible comprador de la sustancia y quien le comentó que tenía otro cliente en la ciudad. El mexicano le pidió que le sugiriera a dónde trasladar los paquetes.
En el Crowne Plaza, Suárez le envió un mensaje de texto al Padrino contándole que estaba con David (Anchondo), quien quería comprar cinco “contratos” –cinco kilos de coca–, transacción que se le autorizó.
El contrabando se fue al traste el 6 de julio de 2016, cuando Cook y Suárez se reunieron con Anchondo en el Crowne Plaza del centro de Auckland para entregarle los cinco paquetes.
Al percatarse de la treta, trataron de escapar, pero Cook y Suárez fueron detenidos en el aeropuerto cuando esperaban un vuelo a Los Ángeles.
Anchondo permaneció escondido más de un año, hasta que fue detenido el 19 de septiembre de 2017 en Whangarei, en el norte de Nueva Zelanda. El pasado 27 de junio se declaró culpable de posesión de cocaína para su venta. Por ese cargo, el 3 de agosto el juez Graham Lang, del Tribunal Superior de Auckland, lo condenó a tres años y ocho meses de prisión.
En uno de los mensajes de texto a Silverio, enviado cuando la operación se malogró y que fue obtenido por las autoridades, Suárez lo describió como “el más afectado con la inversión”. Ese personaje “sabía claramente cuántos paquetes estaban escondidos en la escultura y cómo estaban envueltos”, según el legajo judicial.
El documento señala que quedaba “claro” que Silverio y El Artista eran socios en el intento de introducir cocaína en Nueva Zelanda y que el segundo tenía un interés en la operación, pues luego de que las cosas salieron mal, Suárez le pidió consejo urgente sobre qué hacer.
Suárez le contó a Silverio que El Artista estaba “desesperado” y le había sugerido abandonar inmediatamente el país y enviar otro equipo.
Según Suárez, se involucró en la operación a través de su asociación con Silverio, quien le ofreció a Suárez la posibilidad de participar en la exportación de cocaína. Ambos parecían esperar que ésta pudiera ser el inicio de una relación próspera con El Padrino.
Durante el juicio, Cook y Suárez aseguraron que pensaban que la escultura estaba llena de efectivo, no de coca, y creían que estaban lavando dinero, versión respaldada por el abogado Hernández. Pero el jurado rechazó esa conjetura.
La investigación descubrió que el hijo de Suárez, residente en Estados Unidos, pagó un anticipo de 5 mil dólares en la cuenta bancaria de Cook antes de su primer desplazamiento a Nueva Zelanda. Luego se registraron depósitos el 16 y el 27 de junio de 2016 por 10 mil dólares, para cubrir gastos como pasajes aéreos.
Suárez presentó testimonios de nueve familiares y dos amigos en un intento por suavizar la condena, pero Katz desestimó esas declaraciones y exoneró a González y a Rivera.
El pasaporte de Suárez indica viajes frecuentes a Colombia –donde visitaba a su amante, dijo– y Venezuela –donde ella tenía parientes–. Mensajes de texto intercambiados con un individuo apellidado Bircof parecen relacionarse con el traslado de drogas desde ambos países hacia México.
Al respecto, Suárez señaló que se trataba de un diálogo con un amigo sobre su involucramiento en el tráfico de mujeres desde esas naciones a México.
Las explicaciones “no reflejan particularmente bien su personalidad”, concluyó Katz, quien declaró el 24 de agosto de 2017 culpables de posesión de coca y su tenencia para la venta a Cook y Suárez y les impuso penas de 17 años y nueve meses y 19 años y nueve meses de cárcel,
respectivamente.
Hernández, quien ya apeló la sentencia, considera que hubo irregularidades en el proceso e invoca la aplicación del traslado internacional de reos a México, procedimiento vigente desde 2012.
También se queja del apoyo consular, pues “tomó seis meses tramitar el poder legal” para representar a Suárez.
Con antecedentes
La suposición de los nexos del grupo con cárteles mexicanos cobra fuerza con un caso litigado del otro lado del mundo, en Miami.
En la Corte del Distrito Sur de Florida, un gran jurado indició el pasado 15 de marzo a Rafael Amor Lamprecht, acusado de conspiración para importar metanfetaminas, importación, conspiración para distribuir metanfetaminas y distribución de una sustancia controlada, según el caso 1:18-cr-20185, consultado por Proceso.
La querella, entablada por el fiscal Benjamin Greenberg y el fiscal asistente Breezye Telfair, señala que de febrero de 2014 hasta el 31 de diciembre de ese año, Amor conspiró y se puso de acuerdo con coconspiradores no identificados en Miami-Dade para introducir a Estados Unidos metanfetaminas, sus sales, isómeros y sales de sus isómeros.
El pasado 7 de septiembre Amor suscribió un acuerdo, consultado por Proceso, en el que se declaró culpable de conspiración para importar metanfetaminas –documento firmado por Telfair, Amor y su abogado Gustavo García Montes– y por el cual la fiscalía aceptó retirar las tres imputaciones restantes.
Ahora el acusado se expone a una condena de entre 10 años y cadena perpetua y que será dictada el 16 de noviembre por el juez Paul Huck.
El acuerdo incluye que Amor coopere con la fiscalía para aportar información sobre el caso, lo cual puede dar pie a entregar datos relacionados con el fallido narcotráfico hacia Nueva Zelanda.
A consulta de Proceso, García Montes se negó a declarar sobre el caso.
Globalización criminal
El desmantelamiento de la operación retrata el interés de organizaciones criminales mexicanas de expandirse a nuevos mercados, como Australia, vía Nueva Zelanda.
Las primeras señales de la incursión en Australia datan de 2010, cuando ciudadanos mexicanos fueron aprehendidos durante operativos antinarcóticos en esa nación.
El estudio Cárteles mexicanos de la droga y redes ocultas: una amenaza emergente para la seguridad nacional de Australia, publicado en abril de 2016 y elaborado por Anthea McCarthy-Jones –académica del Centro de Estudios Estratégicos y de Defensa de la Facultad de Asia y el Pacífico de la Universidad Nacional Australiana–, califica esa presencia de “amenaza a la seguridad nacional” y atribuye el arribo a la demanda decreciente y precios en caída en Estados Unidos y la Unión Europea.
Esa región tiene también la mayor cantidad de usuarios de drogas artificiales del mundo y en el mercado mayorista las metanfetaminas pueden costar hasta 20 veces más en Australia que en México. Además, los altos precios ofrecen un gran atractivo: 228 mil a 259 mil dólares por un kilo de cocaína, comparado con 54 mil en Estados Unidos, en ese momento.
El reporte alerta que la presencia de los cárteles mexicanos “amenaza no sólo el incremento de la oferta de sustancias ilícitas en Australia, sino también alienta las disputas territoriales, aumenta la cantidad de armas en el país, los recursos fronterizos para seguridad y amenaza la estabilidad y gobernanza de los puntos de tránsito del Pacífico Sur”.
Las bandas locales incluyen agrupaciones libanesas, chinas, albanesas y bandas de motociclistas australianos, aunque el informe resalta que es “difícil” afirmar si los cárteles mexicanos han establecido bases permanentes en Australia o si ciudadanos mexicanos que han sido arrestados por las autoridades tienen “meramente nexos periféricos alejados del núcleo de las redes organizativas clandestinas”.
El periódico NZ Herald reportó en junio que el servicio de aduanas de Nueva Zelanda añadió este año 54 millones de dólares a su presupuesto para ejecutar en cuatro años y para combatir mejor a las bandas criminales, de las cuales los cárteles mexicanos son prioritarios. Con ese financiamiento, agregará 127 agentes a su equipo.
El detective superintendente Greg Williams indicó al rotativo Herald on Sunday que el Grupo Nacional contra el Crimen Organizado ha identificado y desmantelado 17 bandas trasnacionales desde febrero de 2017.
En 2012, Alfredo Nevárez, quien llegó el 13 de diciembre de 2011 a Nueva Zelanda desde Los Ángeles, fue condenado a 10 años de cárcel por importar coca y su posesión para la venta. El tribunal, que le suavizó la sentencia por su cooperación con las autoridades para desarmar la trama, consideró que su rol había sido “limitado”, pues parecía ser únicamente “el mensajero”.
El expediente CRI-2011-009-014648, relacionado con otro caso de narcotráfico, señala que Nevárez tenía contactos en México.
En 2015, la Comisión para el Crimen de Australia concluyó que los cárteles mexicanos estaban involucrados en el tráfico de metanfetaminas y habían estado buscando alianzas con redes criminales locales.
Este reportaje se publicó el 11 de noviembre de 2018 en la edición 2193 de la revista Proceso.
Fuente: proceso.com
