El impacto inicial por la catástrofe de la mina de Brumadinho, en Brasil, ha ido derivando con el paso de los días en una creciente indignación e ira de los familiares, los ambientalistas, los políticos, sus propios accionistas y la ciudadanía en general hacia Vale, la empresa propietaria que ya estuvo implicada en un desastre similar en 2015. La exigencia para que se haga justicia, esta vez sí, es ya un clamor. Cinco ingenieros que evaluaron en diciembre la presa que se quebró fueron detenidos cautelarmente este martes por orden de una juez que se plantea acusarles de homicidio, crimen ambiental y falsedad. Tres de ellos, empleados de Vale, estuvieron directamente implicados en la última autorización de la mina Córrego do Feijão, en diciembre. Los otros dos trabajan para la auditora alemana Tuv-Sud, encargada de evaluar el riesgo de la instalación. Todos los permisos estaban en regla.
El rastreo en busca de las víctimas prosigue mientras tanto en Brumadinho, en el estado de Minas Gerais, donde el 10% del PIB depende de la minería. Las autoridades sostienen que es probable que no todos los cadáveres puedan ser recuperados, dada la extensión que alcanzó la marea de lodo y su densidad. Los muertos son ya 84, según el último balance oficial, pero aún permanecen desaparecidas 276 personas, en su mayoría empleados de Vale o de subcontratas que trabajaban en la instalaciones en el momento en que el dique cedió y surgió una lengua de barro que devoró todo y a todos.
Las detenciones, a primera hora de la mañana, se produjeron después de que la víspera arreciaran las críticas a la cúpula de la mayor empresa minera de Brasil por la magnitud de la tragedia y porque es reincidente. Inmediatamente después de conocerse el desastre de este viernes, esta compañía, un gigante de 100.000 empleados entre directos e indirectos, empezó a ser castigada en la Bolsa en la de Nueva York. Ese día, la de São Paulo estaba cerrada porque la ciudad celebraba su 465 aniversario, pero el lunes las acciones llegaron a caer un 22% en el índice Bovespa.
El presidente de Vale, Fabio Schvatsman, ha anunciado a última hora de la tarde que la firma va a acabar con las represas como las de Brumadinho y de la mina Mariana, a la que la compañía Vale también estaba vinculada. Esta sufrió un desastre similar hace tres años. En ambos casos cedieron los diques que contenían inmensas balsas de residuos de la actividad minera generando un tsunami de lodo devastador. Menos de 100 kilómetros separan a una mina de la otra. El impacto ambiental fue entonces mucho mayor; murieron 19 personas. En Brasil existen unas 4.000 represas que están oficialmente consideradas de “alto potencial dañino”, de esas 205 contienen residuos minerales, según ha explicado el ministro de Desarrollo Regional, Gustavo Canuto. El ministro ha precisado que, como el Gobierno no tiene capacidad de auditarlos todos, va a dar prioridad a los que entrañan mayores riesgos.
Vale había echado mano antes de diversos recursos para parar el golpe y aminorar el dolor de los afectados. Ha anunciado una donación de 100.000 reales (27.000 dólares, 23.000 euros) para las familias de cada uno de los fallecidos y de las personas que no han sido localizadas independientemente de si trabajaban en la mina o no, ha anunciado la contratación de médicos del hospital Albert Einstein —precisamente donde el presidente, Jair Bolsonaro, se recupera de la operación para retirarle la bolsa de colostomía tras el atentado sufrido en la campaña electoral— para atender a los afectados y el pago de más tasas a los municipios donde desarrolla sus actividades mineras.
Un grupo de inversores ha presentado una demanda civil en Estados Unidos contra Vale a la que acusan de la pérdida de valor de sus acciones ADR, que el lunes perdieron el 27% de su valor en ese país.
El País
