La emisión, compra y utilización de comprobantes fiscales digitales falsos debe procesarse como delincuencia organizada por tratarse de un delito perpetrado por grupos de personas y con el objetivo de evitar que este amerite prisión corporal corporativa.
De acuerdo con la propuesta de Reforma para el Combate de Corrupción y empresas Fantasma presentada por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), resultan necesarios cambios en la legislación penal para identificar como delito grave el uso de facturas falsas.
Generalmente las empresas que adquieren comprobantes fiscales, para disminuir el monto de los impuestos que pagan, acuden a otra empresa “fantasma” que opera en conjunto con otras empresas más pequeñas, con el objetivo de complicar el rastreo de los evasores.
“Acude con una empresa que tiene grupos de empresas y a la primera empresa de este grupo le compra un comprobante fiscal por la adquisición de servicios –porque generalmente son más difícil de rastrear- por un valor de 100 pesos más IVA, lo pagan por un medio fehaciente para simular la operación, esa empresa le compra otro comprobante por la misma cantidad a otra empresa del grupo” detalló Diana Bernal, procuradora de la defensa del contribuyente.
En la pirámide de empresas que se utilizan para generar dichos comprobantes fiscales se utilizan a prestanombres, que generalmente no tienen conocimiento de que sus datos están siendo utilizados para la constitución de empresas con estos fines.
“Son prestanombres, son personas que si las localizan por medios digitales que tenemos a nuetsra disposición nos damos cuenta que son personas de origen modesto y con domicilio modesto, entran a esto porque se aprovechan de su necesidad o bien son personas que ni siquiera saben que son miembros de esa sociedad porque hay todo un mercado negro de venta de datos de identidad”, señaló la procuradora al presentar la propuesta a los integrantes de la Cámara de Diputados.
En ese sentido señaló que es primordial calificar a este delito como asociaciones delictuosas.
Actualmente, dijo, hay ocho mil 570 empresas en el listado de contribuyentes que caen en el supuesto que marca el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, relativo a la simulación de operaciones y emisión de facturas apócrifas.
Pero la propuesta no sólo está dirigida a erradicar estas conductas de personas de derecho privado sino también de derecho público.
“Recientemente hemos conocido casos de personas de gobierno que han simulado que se les prestan servicios de asesoría, de diseño de imagen institucional o administrativos, y los pagan, sacan el dinero del erario y después viene la cadena de facturas a uno y otro”.
La propuesta también integra modificaciones para que todas las personas físicas con actividad empresarial, así como las personas morales, ya sean sociedades de la iniciativa privada o entidades del sector público federal, estatal o municipal, retengan dos terceras partes del IVA que se cause en la contratación de servicios, así como un 10% del monto que ampare el comprobante fiscal como pago provisional de ISR.
Las retenciones de los servicios prestados a las entidades del sector financiero estarían exentas de estas modificaciones debido a que ya cuentan con regulaciones, que hace que sea prácticamente inexistente el fenómeno de la facturación falsa en este ámbito.
Para no perjudicar el flujo de efectivo, el impuesto retenido podrá ser acreditado por el sujeto que prestó el servicio, apunta la propuesta.
Forbes
