Atraer mano de obra cualificada de otros países fuera de la UE para paliar la acuciante falta de trabajadores que padecen algunos sectores y regiones de Alemania. Ese es el objetivo al que responden los proyectos de ley aprobados por el Gobierno de coalición de Berlín, en un momento en el que la extrema derecha ha convertido la migración en un asunto políticamente ultrasensible.
El paquete legislativo, inédito en Alemania y que aún debe pasar por el Parlamento, facilita a los trabajadores de fuera de la Unión Europea con formación media y alta acudir a Alemania a buscar trabajo en determinadas condiciones. La iniciativa abre además la puerta a que se puedan quedar los demandantes de asilo rechazados pero que ya estén integrados en el mercado laboral. “Necesitamos mano de obra de terceros países para asegurar nuestra prosperidad y ocupar los puestos vacantes”, ha asegurado el ministro del Interior, Horst Seehofer, conocido por su política de línea dura con la inmigración.
La falta de mano de obra es una de las mayores preocupaciones de los empresarios alemanes, según revelan las encuestas, sobre todo en algunas regiones del sur del país y en polos industriales en el norte. Alemania registra una tasa de desempleo del 4,8%, la cifra más baja desde la reunificación del país. Las cifras del Instituto para la Investigación del Mercado de Trabajo y el Empleo (IAB), dependiente del ministerio de Trabajo, indican que hay 1,2 millones de puestos de trabajo vacantes en el país. Los puestos efectivamente dados de alta en las agencias de empleo en noviembre ascienden a 807.000 (35.000 más que el mismo mes del año anterior), en un momento en el que la economía de la primera potencia de la Unión goza de una salud envidiable. Faltan sobre todo trabajadores con un nivel de formación profesional, como fontaneros, delineantes o conductores, y con diplomaturas, por ejemplo educadores infantiles.
El texto legislativo permite a ciudadanos extracomunitarios acudir a Alemania a buscar trabajo durante seis meses siempre que tengan la formación necesaria, conozcan el idioma y tengan los medios para subsistir durante ese tiempo. En el caso de las personas con permisos temporales como los demandantes de asilo rechazados, deberán demostrar que llevan al menos 18 meses trabajando en Alemania y que no tienen un historial delictivo.
La ley sale adelante en un momento políticamente muy delicado, en el que cualquier decisión relacionada con la inmigración es susceptible de ser rentabilizada políticamente por la extrema derecha. La llegada de cerca de un millón y medio de demandantes de asilo desde 2015 ha dado pie a un clima de ansiedad política, instigada e instrumentalizada por la extrema derecha. El texto debe ser todavía sometido a aprobación parlamentaria, donde todavía puede sufrir modificaciones.
La socialdemocracia había insistido en la necesidad de relajar los requisitos para permitir la entrada de trabajadores y sobre todo para que pudieran quedarse los refugiados rechazados, pero integrados en el mercado laboral. Para ambos miembros de la coalición de gobierno, conservadores y socialdemócratas, esto constituye además un logro tangible que ofrecer a unos votantes distanciados de un Ejecutivo que lleva meses inmerso en crisis internas.
“Para el Gobierno alemán es un equilibrio difícil: por un lado debe enviar una señal dura para evitar que parezca que se puede quedar todo aquel al que no se le concede el asilo, pero a la vez hay que encontrar una solución práctica para la gente que ya está en el país y está bien integrada en el mercado laboral”, explica Liebig. Las personas que cumplen ese perfil sumarían unas 180.000, según las estimaciones oficiales.
Las pymes, el llamado Mittelstand, motor del poderío exportador y espina dorsal de la economía alemana, están especialmente afectadas por la falta de trabajadores cualificados. A diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, las pequeñas y medianas empresas alemanas están repartidas por todo el país y no necesariamente concentradas en núcleos industriales. Su situación geográfica dificulta a menudo el reclutamiento de trabajadores, que prefieren vivir en centros urbanos.
El País.es
