Jaime GUERRERO
María Elena Ríos Ortiz, sobreviviente al delito de feminicidio en grado de tentativa, de un ataque con ácido en 2019, exigió al titular del Poder Judicial de Oaxaca, Eduardo Pinacho Sánchez, remover a la jueza María Teresa Quevedo Sánchez, por incurrir en parcialidad en el caso, falta de sensibilidad, omisión a peticiones, resoluciones pasadas carentes de perspectiva de género que han favorecido a feminicidas.
En conferencia de prensa en la sede del Senado de la República, acusó que Quevedo Sánchez, tiene “presuntos nexos con la defensa el Juan Antonio V.C”, preso por ser autor intelectual de la tentativa de feminicidio en contra de Ríos Ortiz.
Ríos Ortiz, denunció que la jueza que tiene su caso mantiene una relación de amistad con los abogados de su presunto agresor, incluso, dijo, existen videos en redes sociales donde aparecen en fiestas.
“El 29 de septiembre del presente año hubo una fiesta, hubo una bacanal, en la que, entre borracheras, discutieron mi caso y de cómo se debe llevar a cabo la prisión preventiva oficiosa”,afirmó.
Acompañada de su abogada Diana Cristal González Obregón, señaló que Quevedo Sánchez ha violentado los derechos de la víctima, “ignora peticiones y no responde sobre las opiniones extrajudiciales que esta jueza emitió ilegalmente”.
Así mismo, víctimas han señalado a Quevedo Sánchez de beneficiar en distintas ocasiones a perpetradores de violencia.
“Después de cuatro años y 25 días seguimos esperando un juicio. Pedimos que la jueza sea removida, que no lleve el caso de mi representada. Hemos demostrado que existe impunidad, corrupción”, aseguró González Obregón.
Detalló que se han enfrentado a personal carente de perspectiva de género, audiencias de más de 10 horas en las que ni siquiera se les permite comer o salir al sanitario.
En el caso de María Elena han pasado por tres jueces.
El primer juez en el caso fue Victor Jorge Luiz Velasco Castellanos, “a quien le tembló la mano para vincular a proceso a Juan Antonio V.C y en todo momento me negó mis derechos fundamentales”, asegura María Elena Ríos.
El segundo juez, Alfredo Bautista, “quien en pocos meses llevó a cabo lo que el primer juez se negó a hacer”.
En 2022, “de manera sorpresiva impusieron a Teódulo Pacheco Pacheco, ya conocido, quien abrazó las peticiones de la defensa”, lo anterior para intentar dejar libre a V.C.
González Obregón, advierte un riesgo para el proceso y la vida de su defendida ya que, señaló que autoridades le están haciendo la petición para que tanto ella como María Elena Ríos acudan de manera presencial al estado de Oaxaca para continuar con el seguimiento del caso, dejando de lado que el pasado 15 de septiembre fueron víctimas de un atentado.
A lo anterior se suma el temor por las constantes ocasiones en que la jueza ha actuado en beneficio de perpetradores de violencia en la entidad de Oaxaca.
Por ejemplo, en marzo de 2023 la jueza María Teresa Quevedo Sánchez otorgó la libertad a Daniel Torralba Sánchez presunto responsable del feminicidio de Joselyn Vargas Ortíz, desaparecida en 2018 y localizada sin vida en el año 2020.
La misma jueza en marzo de 2022 exoneró a tres hombres vinculados a proceso por el delito de desaparición de Sayra Morales Loyola.
Así mismo estuvo señalada por la reclasificación del delito en favor de la expresidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta quien fue sentenciada por obstrucción de la justicia en la búsqueda de la activista Claudia Uruchurtu, quien fue desaparecida en marzo de 2021 y al día de hoy continúa sin ser localizada.
En su oportunidad, el senador César Cravioto Romero exhortó al Poder Judicial de Oaxaca que revise las acciones de la jueza María Teresa Quevedo Sánchez, en las decisiones que tome respecto al caso de María Elena Ríos Ortiz, víctima de un ataque con ácido.
Acusó que la jueza tiene cercanía con los abogados del agresor, “esto nos preocupa mucho, porque hay indicios suficientes para pensar que esta relación de amistad puede desencadenar en resoluciones a favor del violentador y en contra de la víctima”.
Cravioto Romero también hizo un llamado a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, para que ejerza la facultad de la SCJN para atraer el caso y le den continuidad.
“Es un caso relevante, es una mujer de carne y hueso, que sufrió una tentativa de feminicidio y parece que, en esos temas, la Suprema Corte no tiene prisa. Ya van cuatro años, y qué dice la Constitución, que la justicia tiene que ser expedita, pero todavía no resuelven y no hay para cuando”.
Por ello, exigió al Poder Judicial de esa entidad que resuelva conforme a derecho. “Aquí no hay otra víctima más que María Elena Ríos, estamos exigiendo que hagan su trabajo, esto no es político”.
