La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (Cedhbc) abrió el expediente (4667/18) al presidente municipal Juan Manuel Gastélum Buenrostro por sus expresiones públicas contra los miembros de la caravana migrante, a quienes llamó “personas non gratas, indeseables, viciosos y mariguanos”, además de amenazar con aplicarles el artículo 33, afirmar que “los derechos humanos son para los humanos derechos” y anunciar que hará una consulta pública para decidir si se reciben más migrantes.
El expediente incluye la participación del delegado del Centro (la Ciudad está dividida en delegaciones administrativas) Genaro López Moreno, en una manifestación del domingo 18 de noviembre organizada por decenas de tijuanenses para exigir la salida de centroamericanos de la ciudad, la cual inició en una protesta en el monumento a Cuauhtémoc y terminó en el albergue instalado en la Unidad Deportiva “Benito Juárez” donde se atiende hoy a poco más de 4 mil migrantes.
La presidenta de la Cedhbc, Melba Adriana Olvera Rodríguez, dijo respecto a las declaraciones del alcalde que “antes de hablar del artículo 33 constitucional hay que recordar y saberse de memoria el primero constitucional que se llama de los derechos humanos y las garantías individuales”, y obliga a los servidores públicos a aplicarlo, independientemente del origen de las personas.
Advirtió que cualquier expresión de falta de respeto y discriminación por parte de servidores públicos puede ser motivo de sanción a manera de recomendaciones o de otra forma por parte de las comisiones de derechos humanos ya que además de la obligatoriedad de cumplir con el artículo primero constitucional, México ha suscrito convenciones y compromisos en materia de derechos humanos.
La ombudsperson informó que también se abrió por oficio el folio 4666/18 desde la llegada del primer contingente —integrante de la comunidad LGBTTTI— el pasado día 11, en el cual se incluyeron los incidentes registrados durante una manifestación de residentes de Playas de Tijuana la noche del miércoles para exigir el retiro de centroamericanos que acamparon en la zona del Faro.
Desde la llegada del primer contingente de la caravana, el organismo emitió un exhorto a las autoridades de los tres niveles para que se otorgaran medidas cautelares para garantizar “la seguridad, integridad personal, así como un trato digno y no discriminatorio en favor de las personas en contexto de migración” y se proporcione atención médica y se les dé albergue a quienes integren la caravana migrante.
Fuente: jornada.com
