La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión aprobó el punto de acuerdo presentados por la legisladora oaxaqueña Karina Barón Ortiz, mediante el que solicita que se informe sobre el estado que guarda la ejecución de las indemnizaciones relativas a las expropiaciones que afectaron las tierras comunitarias del municipio de San Lucas Ojitlán en la región de la Cuenca del Papaloapan.
Lo anterior, luego de 39 años del la expropiación de diversos núcleos agrarios para la construcción de la presa Cerro de Oro, en esta región, por la que más de 100 indígenas chinantecos y mazatecos no han sido debidamente indemnizados por el uso de sus tierras, conforme a los acuerdos pactados.
“Es urgente implementar las medidas correspondientes para garantizar las vías de comunicación de poblados como Laguna Escondida, Amado Nervo o Nuevo Aguacate, cuyo único acceso es mediante lancha” señaló la legisladora oaxaqueña. “El gobierno del Estado los ha dejado en el olvido, al incumplir con lo acordado”, agregó.
La oferta de indemnización, consistía en construir 15 poblados con todos los servicios básicos y casas con solar para las familias reubicadas, así como una carretera con tres puentes para atravesar los ríos; dinero por la expropiación de sus tierras y por el valor de sus casas, así como implementación de programas productivos con asesoría y capacitación.
De los 41 decretos expropiatorios acordados, diez se encuentran ejecutados y treinta y uno no cuentan con antecedente de ejecución, toda vez que el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE) no ha realizado el pago de las indemnizaciones correspondientes.
Por ello, este resulta un gran logro legislativo que podría derivar en el cumplimiento de los acuerdos pactados. El exhorto está dirigido a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional del Agua y al Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal.
