Los diputados de la coalición Va por México —integrada por el PAN, PRI y PRD— presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador que cataloga todas las obras de infraestructura de su gobierno como asuntos de interés público y de seguridad nacional.
“Esto es un atentado absoluto a los derechos humanos que tenemos a la transparencia, al derecho que tenemos a acceder a la información que es público. Por eso estamos evaluando, no solo denunciarlo mediáticamente, (sino) interponer una controversia constitucional porque consideramos que es una invasión de esferas, y por lo tanto no quedarnos en la denuncia, sino usar nuestro poder políticos y jurídico”, dijo el coordinador panista, Jorge Romero.
Explicó que este “decretazo” viola el artículo 6 de la Constitución, en el que se establece que todos los mexicanos tienen derecho al libre acceso a información, y demuestra cada vez más el “talante autoritario” de López Obrador.
A su vez, el priista Rubén Moreira criticó que no haya una explicación por parte del Gobierno federal sobre por qué se publicó este decreto y consideró que no hay necesidad de que haya este tipo de decisiones.
“Nos preocupa la constitucionalidad de ese decreto. Creemos que no hay esas facultades, que al presidente no se le informó el alcance del mismo ni cómo está soportado. No vemos que haya una necesidad manifiesta de hacer ese tipo de acuerdo, no vemos que haya nada por las que se tenga que tomar estas decisiones, no hay un clima que amerite la designación”, dijo.
El líder de los diputados del PRD, Luis Espinosa Cházaro, comentó que las tres bancadas no están de acuerdo con el decreto emitido ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
“Nos parece preocupante que se utilice el término de seguridad nacional para blindar obras, que a todas luces son obras de infraestructura que el presidente decidió llevar a cabo. Estas obras requieren de permisos, autorizaciones de distintas instancias y el escrutinio público porque pueden ser o no benéficas”, mencionó el diputado por el PRD.
En la Cámara de Diputados se contempla que si un legislador o un grupo de ellos desean interponer una demanda de controversia constitucional deberán presentar su solicitud por escrito ante la Junta de Coordinación Política, la cual solicitará a la Mesa Directiva que el área jurídica de la Cámara emita, en un plazo no mayor de 5 días, una opinión técnica sobre los argumentos para la procedencia o improcedencia de la misma.
Forbes
