La química Sara Mónica Medina Alegría quien salió “quemada” de la PGR después de que el GIEI y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) evidenciaron que Servicios Periciales, el área que ella coordinaba dentro de la institución, colaboró con Tomás Zerón en la fabricación de la “Verdad Histórica” del caso Ayotzinapa con peritajes “científicos” que validaban las pruebas falseadas sobre el paradero de los 43 estudiantes, actualmente da clases de “ética y derechos humanos en el contexto forense” a ministerios públicos y peritos.
La última vez que se le vio en público fue a fines de abril de 2016 respaldando a su jefe, el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, mientras éste defendía la diligencia ilegal que realizó en el río San Juan en busca de los restos de los normalistas, donde supuestamente se encontró un hueso que pertenecía a un normalista calcinado, y en el que se basó la engañosa “Verdad Histórica” de que los 43 estudiantes fueron calcinados y lanzados al río, sostenida por el procurador Jesús Murillo Karam y sus sucesores Areli Gómez y Raúl Cervantes, y todavía por Enrique Peña Nieto.
Al publicar la noticia de su retiro de la PGR el 3 de junio de 2016, el diario Reforma señaló: “Su salida ocurre en medio de investigaciones que llevan a cabo la Visitaduría General y el Órgano Interno de Control a peritos que levantaron evidencias en la investigación del caso Iguala”.
La de Medina Alegría fue la primera cabeza que rodó dentro de PGR, aunque ella presentó su renuncia por motivos personales el 31 de mayo de 2016. Como jefa de unidad su salario base era de 17 mil pesos, las compensaciones que recibía mensualmente eran de 143 mil pesos. Al mes ganada 161 mil 269 pesos.
Pese a eso, la química está en lista de maestros de la Maestría de Ciencias Forenses que imparte el prestigiado Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), instituto que da “formación, capacitación, actualización, especialización y desarrollo” a agentes del Ministerio Público Federal, peritos, policías federales y operadores del sistema de justicia. Su materia de ética y derechos humanos comenzará en noviembre, la impartirá los días miércoles de 6 de la tarde a 9 de la noche.
Zerón de Lucio, el encargado director de la investigación, en tanto, desde septiembre de 2016 fue promovido por Enrique Peña Nieto como su consejero de seguridad en la oficina presidencial.
Las pruebas con las que el personal de Servicios Periciales, coordinación bajo el mando de la AIC, validó la teoría sostenida por el gobierno para el Caso Ayotzinapa han sido desmentidos por los informes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la oficina de la ONU para los Derechos Humanos, un informe preliminar de la visitaduría general de la PGR –que no se dio a conocer porque el visitador fue presionado a renunciar–, por investigaciones periodísticas, además de que han sido impugnados por un Tribunal Colegiado de Tamaulipas y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La Coordinación General de Servicios Periciales fue el área donde se dio validez científica al incendio con el que supuestamente los estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula, donde se tenían que hacer las pruebas de tortura a los detenidos, donde se dieron ambiguos resultados genéticos para hacer creer que los restos incinerados de un segundo estudiante fueron localizados, y donde se avalaron diligencias ilegales u ocultaron pruebas –como la roba hallada en el autobús de donde desapareció la mayoría de los normalistas.
Desde la salida de Zerón y Medina de la PGR, los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos han exigido que sean investigados.
Viviendo de los desaparecidos
Junto con Medina Alegría salió el doctor Mauricio Cerón Solana, quien era subdirector en Servicios Periciales: ellos fueron los dos funcionarios de alto nivel que se retiraron después del segundo y último informe del GIEI donde se exhibió un video en el que se ve a Cerón Solana, al lado de Tomás Zerón, tomando lo que parece ser un hueso al lado del río justo un día antes del “hallazgo” de ese hueso del normalista Alexander Mora. Esa diligencia, sin embargo, resultó ilegal porque se hizo a escondidas, y no quedó registrada en los expedientes del caso.
Exjefa y subalterno ahora también dan cursos sobre búsqueda de desaparecidos a futuros técnicos forenses. En julio de 2017, en el Centro Médico Nacional, se les vio dictando cátedra junto con el equipo de aliados que permanece en la PGR, en el congreso nacional “Las Ciencias Forenses Aplicadas a la Identificación de Desaparecidos: Porque Todos Tienen un Nombre”.
Entre los asistentes y promotores del curso estaba Anselmo Apodaca, quien está en el cargo de Medina Alegría. Fuentes internas de la dependencia señalan que ella sigue mandando en esa área.
La última descalificación al trabajo coordinado por Medina Alegría fue la decisión de un tribunal colegiado en junio pasado que pidió reponer el procedimiento penal de 20 de los detenidos por el Caso Ayotzinapa que aseguran haber sido torturados para autoincriminarse como culpables, esto debido a que Servicios Periciales no actuó de manera independiente al evaluar la tortura.
Además determinó que la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial” por parte de la PGR, “como lo exigen la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los protocolos de la ONU”, por lo que ordenó crear una Comisión de la Verdad que lo investigue. Pese a los amparos promovidos por una decena de secretarías, el fallo fue ratificado hace cinco días por otro Tribunal Colegiado.
Los magistrados avalaron también el informe que en marzo pasado había presentado en Ginebra el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, titulado Doble injusticia, que encontró tortura en al menos 34 de los detenidos por la PGR en los que basa su “verdad histórica”. El informe que Cancillería había descalificado con fiereza.
Como quedó establecido, Medina Alegría era pieza incondicional de Zerón. Durante su mandato Servicios Periciales usó la ciencia para avalar decisiones políticas, y no sólo en el Caso Ayotzinapa. Parte de su equipo de trabajo continúa coordinando áreas clave dentro de la PGR, como ha publicado Proceso.
Por ejemplo, Gildardo Cruz Velazco, quien fue director de Laboratorios Criminalísticos –donde se coordinan la áreas Genética, Identificación, Criminalística, Fotografía, Balística y Química–, es ahora director del Laboratorio de Química Forense.
Héctor Enrique Osorno Magaña, quien era el encargado de incendios y fue el responsable de los controvertidos dictámenes del basurero de Cocula –donde supuestamente habrían sido calcinados los 43 normalistas–, ahora es director de área de Telecomunicaciones e Ingeniería.
Historial de tortura a las víctimas
El caso Ayotzinapa no es el único donde Medina Alegría tuvo fallas.
Proceso ha documentado en diversos reportajes la mala actuación de la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR en la identificación de los cadáveres de las fosas de San Fernando, Tamaulipas, de las víctimas de la masacre de los 72 migrantes y de los 49 cuerpos mutilados de Cadereyta.
Esto se ha podido establecer debido a que el exprocurador Jesús Murillo Karam, a inicios del sexenio de Peña Nieto, firmó el Convenio Forense que le permite al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), recuperar la identidad de 197 cuerpos enviados a la fosa común, que la PGR no había podido identificar. Desde su cargo, Medina Alegría y la SEIDO intentaron sabotear el trabajo para que los argentinos no removieran esos casos.
El sitio web Másde72 y Proceso han publicado diversas investigaciones que dan cuenta de que personal de la PGR y de Tamauipas volvieron a desaparecer a las víctimas de esas masacres por sus malas prácticas. Cremaron algunos cuerpos aunque no había seguridad de su identidad, aventaron a los desconocidos a fosas comunes incluidos algunos que tenían una identificación en el bolsillo del pantalón o en sus maletas, perdieron en los laberintos de la burocracia cuerpos que dieron positivo en la prueba genética porque nadie se hizo cargo de llamarle a sus familias para avisarle que habían sido encontrados, dejaron que las muestras de ADN se echara a perder o no se procesaran. Algunas veces no se hizo ni la mínima confronta entre algunos restos y saliva de familiares. En algunos casos entregaron restos a familias erróneas en países equivocados.
Además, no permitieron a las familias ver los cuerpos que les entregaban en ataúdes sellados –o en urnas de cenizas- y los obligaron a enterrarlos sin ninguna prueba que avalara su identidad –ni ropa ni pertenencias-, y sin explicación de porqué habían sido asesinados.
Los mismos funcionarios de la Unidad de Servicios Periciales y los ministerios públicos que condenaron a cientos de víctimas migrantes a no ser identificados, estuvieron a cargo de la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y actualmente se encargan de la búsqueda de muchas de las personas desaparecidas de este país.
El INACIPE, el instituto que invitó como docente a la cuestionada exfuncionaria se encarga de la formación de “servidoras y servidores públicos de las procuradurías y tribunales estatales, secretarías de seguridad pública, centros de justicia para las mujeres de las entidades federativas.
Fuente: proceso.com
