* La destrucción de la UABJO inició con la corrupción, a partir de los 70, a través del entregarla a la guerrilla urbana y rural, después al porrismo y finalmente, ahora, al narcomenudismo.
* La complicidad e impunidad ampara y protege a las mafias familiares de los rectores, en particular, de Leticia Mendoza Toro y de Abraham Martínez Alavez y su hijo Eduardo Martínez Helmes.
La corrupción pudrió a la gloriosa Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Comprende todas las modalidades imaginables. Así ha sido desde finales de los 60, hace medio siglo.
Ciertamente, el saqueo multimillonario de la Máxima Casa de Estudios no es nada nuevo. Sin embargo, con todo y ser de suyo grave el problema, éste no es la corrupción por sí misma.
El mayor conflicto es la amplia complicidad gubernamental. Garantiza total impunidad a los saqueadores. No es un asunto menor porque la UABJO es el Alma Mater de los oaxaqueños.
El vaivén de la política pendular del gobierno mexicano ha destruido las universidades públicas. La izquierda populista y la derecha han sido cómplices del imperio al cumplir sus consignas apátridas.
La destrucción inició con la corrupción, a partir de los 70, en sus modalidades de financiamiento a la guerrilla urbana y rural, después al porrismo y finalmente, ahora, al narcomenudismo.
Responsables son todos los rectores en mayor o en menor medida. Pero, sobre todo, los gobiernos, federal y estatales, quienes han impuesto a todos los rectores y garantizado impunidad.
La complicidad e impunidad ampara y protege a las mafias familiares de los rectores, en particular, de Leticia Mendoza Toro y de Abraham Martínez Alavez y su hijo Eduardo Martínez Helmes.
El mismo manto de impunidad solapa la corrupción y nepotismo de los dirigentes de los diversos sindicatos que saquean el subsidio y los recursos propios de la Máxima Casa de Estudios.
La utilización político-económica de la comunidad de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, es la principal amalgama de la férrea complicidad entre el gobierno, federal y estatales.
A lo largo de los años, se ha llegado a extremos harto condenables como la creación del sindicato de trabajadores de confianza y el “bono de no actuación”, por no estallar huelgas en la UABJO.
La venta millonaria de espacios en las facultades, es negocio de “porros” y grupos izquierdistas radicales como la Organización “14 de Junio” y el Bloque Estudiantil Anarquista y Socialista (BEAS).
A la luz de esta cruel y dolorosa realidad es indispensable que los oaxaqueños bien nacidos, especialmente los integrantes de la comunidad universitaria, apoyen el combate de la corrupción.
Obligado en estricto derecho es exigir a la Fiscalía General del Estado que no solo actué contra los “porros” dedicados a extorsionar a las autoridades de la UABJO para vender espacios académicos.
La Fiscalía debe investigar la mano negra que mece la cuna de las presiones y chantajes en la UABJO. Los autores intelectuales y dueños de la jauría son Abraham Martínez y su hijo Eduardo.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), logró este martes la aprehensión de dos personas, una del sexo femenino y un masculino, señalados como probables responsables del delito de extorsión en perjuicio de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).
Se trata de Gabriela Jiménez Rodríguez o Gabriela de la Luz Jiménez Rodríguez, alias “La Gaby” y Vicente Manzo Martínez, alias “El Chente”, quienes fueron aprehendidos por elementos de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata (FERI) de la FGEO, cuando pretendían darse a la fuga a bordo de una unidad de motor en inmediaciones de la máxima casa de estudios.
De acuerdo con la causa penal 692/2019, el 25 de agosto de 2019, aproximadamente a las 21:30 horas, los imputados -en compañía de más personas- comenzaron a instalarse en el Edificio “A” de Rectoría de la UABJO, donde cerraron las puertas de acceso y salida de dicho edificio, colocando pancartas.
Posteriormente, el 26 de agosto de 2019, aproximadamente a las 17:00 horas, los señalados y otras personas cerraron los accesos a los edificios de Redes y Servicios Escolares de la citada Institución, instalando bocinas, mediante las cuales informaron que no permitirían el acceso hasta que les fueran autorizados tres espacios para estudiantes en la Facultad de Medicina y Cirugía, causando así un detrimento al patrimonio de la Universidad por la cantidad de 345 mil 594 pesos.
Ante estos hechos y luego de recibir la denuncia por parte de las autoridades educativas de la UABJO, la Institución de procuración de justicia dio inicio a las investigaciones correspondientes, identificando y ejecutando la orden de aprehensión otorgada por el Juez de Control, presentando a los imputados ante la autoridad que los requirió.
En audiencia, la defensa de los imputados solicitó ampliación del término constitucional, dictando prisión preventiva a los imputados, continuando con la audiencia el próximo 14 de septiembre.
La Fiscalía General reitera su compromiso de actuar con firmeza y presentar ante la justicia a quienes con sus actos generan conflictos e impiden el cumplimiento de actividades en las instituciones, sobre todo cuando se trata de áreas educativas.
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