De siempre, Manuel Bartlett, se opuso a la reforma energética argumentando que, de aprobarse, se privatizaría el sistema eléctrico de México y Pemex desaparecería. A los legisladores que apoyaron la reforma eléctrica los acusaba de responder a los intereses de Estados Unidos. Culpó al presidente, Enrique Peña Nieto, de ser un traidor a la patria por impulsar dicha reforma, a la que consideraba “una trampa para llevar a Pemex a una naturaleza diferente, toda vez que, “estando ya desvinculada de su estructura pública, lo único que va a ser posible es que lo desaparezcan más rápido”.
Y agregaba: “El dictamen de aprobación responde a los intereses energéticos de Estados Unidos de Norteamérica y a sus corporaciones financieras, pero no al interés de los mexicanos; es producto de un acuerdo antinacional de Peña Nieto con intereses norteamericanos, el gobierno mismo y sus empresas”.
El 10 de diciembre de 2013, el señor Bartlett, decía: “La aprobación del dictamen despojará a México de sus reservas de hidrocarburos y transferirá a la propiedad extranjera esa riqueza que representan inmensas inversiones realizadas por los mexicanos en la explotación de los hidrocarburos y la electrificación del país [...] “la aprobación del dictamen profundizará el estancamiento y la creciente desigualdad del mejor histrión”.
Para él, la reforma energética significaba “que las redes de distribución y la transmisión que tiene la CFE, se deben mantener dentro del Estado, todo lo demás es susceptible de contratarse con particulares, “Esta es la desnacionalización del sistema eléctrico”, “No estamos de luto ni mucho menos. Estamos indignados, como otros tantos mexicanos, pero eso se los van a cobrar, eso se va a cobrar...”
Después de aquel ríspido debate, el 2 de agosto de 2018 Bartlett retomó el tema energético: “Yo estuve en contra de la reforma energética aquí en la tribuna del Senado, pero reconozco que la reforma energética está funcionando”; la estructura de esa reforma se respetara y no se modificará, al menos en el primer año del nuevo gobierno.
Han pasado casi dos años de un nuevo gobierno y se han abierto varias discrepancias entre el gobierno y los particulares, las protestas, amparos y demandas de los inversionistas nacionales y extranjeros contra las imposiciones gubernamentales aumentan en vez de disiparse y lograr acuerdos, como es el decreto en contra de la producción de energías limpias, pues “había todo un plan” para llevar a la quiebra a la Comisión Federal de Electricidad” denunció el presidente, pero descartando que se intente “nacionalizar o estatizar” la industria energética, ya que no se cancelan los contratos a las empresas que los adquirieron.
“Lo que estamos haciendo es poniendo orden y acabando con la corrupción que existía en la CFE”.
Sin embargo, lo que se ve en el sector energético es desorden, desacuerdos, acusaciones, equivocaciones de la titular de Energía, amenazas, demandas, contra demandas, dimes y diretes del presidente, pero el orden no se establece.
Las decisiones y declaraciones oficiales no cuadran con los ofrecimientos del presidente, empezando por el rescate de Pemex, petrolera que esta en bancarrota acumulando pérdidas anuales de 346 mil 135 millones de pesos en 2019, el doble que en el 2018, cuando las pérdidas fueron de 180 mil 420 millones de pesos, el 92% total.
En cuanto a la CFE, la situación también es negativa: solo por robo de energía la empresa registró pérdidas de 26 mil mdp en 2019, en modalidades como delincuencia organizada, asentamientos irregulares y resistencia civil; en la red de distribución perdió 54,845 mdp.
La situación en la CFE se ha ido agravando, hace unos días el decretazo presidencial afectó las energías eólica y solar, valoradas en 24 mil 400 millones de dólares, decreto que excluye de la red de distribución, a nuevas plantas bajo la premisa de corregir las concesiones hechas a particulares en sexenios anteriores.
Cabe mencionar, que se han invertido 18 mil millones de dólares en plantas que actualmente están en operación, y otros seis mil 400 millones de dólares están en proyectos de construcción, afirmó Julio Valle de la Asociación Mexicana de Energía Solar y la Asociación Mexicana de Energía Eólica, quien a su juicio “el decreto esta violentando el marco legal, algo muy negativo” para las necesidades de inversión que México tiene y, sobre todo, de cara a una recuperación económica. “En lugar de atraer inversiones, capitales y empleo, los estamos ahuyentando”.
Mientras tanto, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) decidió seguir usando energías sucias como el combustóleo y el carbón, a pesar de que anualmente se estén muriendo 14 mil personas, a causa de la contaminación que produce la Refinería de Tula, considerada por la NASA como la segunda de las cinco refinerías que más contaminan en el mundo, arrojando mil 580 kilotones de emisiones al medio ambiente, en el 2018; y cinco de las seis refinerías de Pemex están dentro de las 25 plantas que más contaminan el planeta con dióxido de azufre (SO2).
Los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Michoacan, Durango, Jalisco y Colima, se pronunciaron contra del decreto que cancela los proyectos de energías renovables:
“Estas inversiones en energías limpias no solo generan miles de empleos, sino generan ingresos para los dueños de las tierras y ejidos... pero ahora resulta que el Gobierno Federal quiere poner fin a desarrollos como estos”, no lo vamos a permitir y acudiremos a los tribunales.
@luis_murat
